Alberto Espinoza, abogado y militante de los derechos humanos, reclamó la solidaridad internacional para liberar a unos 50 presos políticos que llevan 10 años encarcelados en difíciles condiciones, e impedir que se concrete la propuesta del presidente Ricardo Lago que otorga inmunidad a los militares que revelen violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y que puede llegar a indultar a los militares ya condenados por esos delitos.

De visita en Suecia participó en un varias reuniones para informar sobre la situación de los derechos humanos en su país, invitado por los Comité 30 años de Gotemburgo y Malmö, creados por organizaciones chilenas para recordar el golpe de Estado y el asesinato del presidente Salvador Allende.

Espinoza, abogado de presos políticos, fue uno de los firmante de la primera querella contra el dictador Augusto Pinochet en representación de Gladys Marín. Tiene larga experiencia en la defensa de presos políticos y ha trabajado por la aministía.

En Chile permanecen encarcelados, la mayoría desde hace más de 10 años, unos 50 presos políticos, todos procesados por la Justicia militar. Algunos con condenas de 50 y 100 años de prisión, y dos con cadenas perpetuas. Otros, también con 10 años en cárceles de alta seguridad, con procesos abiertos y en espera de sentencia.

El abogado chileno destaca que las condiciones en las cárceles son muy difíciles, donde los prisioneros están las 24 horas del día con luz artificial, en espacios reducidos, sin comunicación entre ellos, y con un régimen de prisión destinado a destruir física y síquicamente a los presos.

Sin embargo, Espinoza es optimista en cuanto a que esta situación puede ser revertida si el Congreso aprueba un proyecto de ley, a estudio de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que otorga el indulto a los presos políticos. La fórmula establece una pena máxima para sus delitos de 10 años, por lo que todos los detenidos obtendrían su libertad.

La iniciativa para este proyecto de ley, fue asumida por la Iglesia Católica que se hizo eco de los reclamos y la lucha de los familiares y los presos políticos, recuerda. A principios del pasado año la Iglesia chilena convocó a parlamentarios de todos los partidos, organizaciones de derechos humanos y de familiares de presos, para comenzar a discutir una propuesta en este sentido. Espinoza, que ya había trabajado por la aministía a los presos políticos, participó de estas reuniones y en la redacción del proyecto de ley. Esta iniciativa ha contado con el respaldo de senadores de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia (PPD).

Subraya que existe un consenso de casi todos los partidos para aprobar este proyecto de ley, incluido los de derecha, como la UDI de Joaquín Lavín, para dar una solución a la problemática de los derechos humanos, entre estos la situación de los presos políticos, teniendo en cuenta la posibilidad de llegar al poder en las próximas elecciones y con el objetivo de no tener que recibir presiones por estos temas.

Existen buenas perspectivas de que esta ley sea aprobada. Hay consenso de que es inaceptable de que estas personas hayan sido juzgadas por la justicia militar destaca Espinoza. Recuerda que fueron juzgados en condiciones irregulares desde el punto de vista del debido proceso y el derecho de defensa.

Espinoza destaca que el proyecto fue introducido al Senado en la Comisión de Derechos Humanos, lo que deja en evidencia que la situación de los presos políticos es un caso de derechos humanos. Explica que se les aplicó la ley Antiterrorista, lo que fue impropio, y en ese sentido subraya que la Suprema Corte de Justicia ha fallado ya en algunos casos destacando lo irregular de estas sentencias. Según estos fallos se reconoce que si bien sus acciones violaban la legislación vigente, no podían calificarse como acciones terroristas, ya que tenían motivaciones políticos y no tenían el objetivo de provocar pánico o terror entre la población, ni habían alterado la estabilidad.

Otro aspecto positivo para el avance de este proyecto, ha sido la mención que realizara el presidente Ricardo Lagos sobre el mismo, calificándolo positivo para el proceso de reconciliación nacional, durante la presentación de su propuesta sobre derechos humanos. Si bien no declaró su apoyo manifiesto, dijo que estaba bajo la órbita del Congreso y que no iba a vetarla. Hasta entonces el gobierno no se había expedido aunque legisladores socialistas respaldaron la iniciativa. La Comisión de Derechos Humanos ya aceptó discutir el proyecto de indulto en el seno del plenario del Senado, y se espera en las próximas semanas se concrete la discusión.

Retroceso a las demandas populares

En cuanto a la propuesta sobre derechos humanos del presidente Lago, dada a conocer semanas atrás, Espinoza fue categórico: es negativo, constituye un retroceso a las demandas de verdad y justicia. Por primera vez en Chile un presidente habla de la inmunidad penal y ofrece indulto a los militares que cometieron crímenes contra la humanidad durante la dictadura. Como el caso de el ex general Manuel Contreras condenado por el asesinato de Orlando Letelier, o de los carabineros que fueron responsables del degollamiento de tres militantes comunistas y que están cumpliendo condena, o el caso de los condenados por el crimen del sindicalista Tucapel Giménez, y otros casos que excepcionalmente han sido condenados y que podrían beneficarse del indulto que el presidente de la República ofrece a estos criminales en la medida en que digan que manifiestan algún grado de arrepentimiento.

Entendemos que la propuesta del presidente Lagos está en contradicción con el derecho internacional. Amnistía Internacional lo ha dicho muy claramente, es un proyecto de impunidad que desde el punto de vista internacional es inaceptable ante crímenes de lesa humanidad. Es un mal precedente para el derecho internacional.

La propuesta presidencial, destaca el jurista, va contra la corriente de derecho internacional que sostiene que los crímenes de lesa humanidad deben ser castigados no importa el tiempo que haya pasado.
Los organismos de derechos humanos, los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, presentan una fuerte resistencia para que la propuesta presidencial no llegue a materializarse. Todavía se tienen que elaborar los proyectos de ley que recojan la propuesta presidencial y que abarca varios aspectos, explica el abogado.

Por otra parte Espinoza destaca que el presidente ha tenido una actitud muy ambigua ante la ley de amnistía para los delitos contra los derechos humanos cometidos por los militares, decretada por Pinochet en 1988 y que algunos sostiene sigue vigente. En ese sentido pueden ser interpretadas las expresiones de Lagos de que en los casos de derechos humanos se debe aplicar la legislación vigente. ¿Por qué no dice claramente si es partidario de la ley de amnistía y si está dispuesto a renunciar a la justicia?. Que lo diga claramente y que no esté con hipocresía o ambigüedades.

Quienes más se han sentido representados por esta propuesta y la apoyan más fervientemente, son los violadores de los derechos humanos, los militares, la derecha.

Espinoza destaca la ambigüedad de los partidos de gobierno. Al tiempo que partidariamente se respalda la iniciativa presidencial, el Partido Socialista, por ejemplo, dice que no votará proyectos de ley que respalden la impunidad. En esa ambigüedad, destaca el abogado, es probable que algún sector de los partidos de gobierno se distancien de la concreción de la propuesta presidencial.

Democracia tutelada

En Chile se llegó a un pacto político de tránsito hacia la democracia, una democracia tutelada, una democracia con camisa de fuerza, una democracia pinochetista. Una democracia que se construye con el diseño constitucional de 1980 establecido por Pinochet. Un diseño que le permitió conservar su cuota de poder.

A Pinochet no se le toca, creo que hay un acuerdo que se remonta al inicio del proceso de transición. Sólo la detención de Pinochet en Londres, cuando fue requerido por el juez Garzón de España, permitió el inicio de varios procesos. Sino, Pinochet estaría sano, lúcido y participando como ya lo hacía, de las sesiones del Senado.

Pero eso no significa que nosotros abandonemos nuestras pretensiones procesales, solicitando su desafuero, aunque recientemente se negara una solicitud. Creo que no existen condiciones políticas en Chile, y no han existido hasta ahora, para procesar a Pinochet.

Finalmente, Espinoza reitera la necesidad de mantener la solidaridad internacional. Lo que ocurre hoy en Chile debe ser motivo de preocupación también para el resto del mundo. Sobre los casos de los presos políticos se hace indispensable que la solidaridad internacional haga sentir su apoyo y pedir su libertad. De la misma manera se hace necesario un redoblamiento de la solidaridad que Chile ha tenido, especialmente ante esta amenaza de impunidad expresada en la propuesta del presidente Lagos.