MONTEVIDEO. Juan Carlos Blanco, el ex canciller de la dictadura, ha tenido el honor de ser la primera persona procesada en Uruguay por delitos de lesa humanidad. En efecto, el juez Eduardo Cavalli encontró al columnista del diario El Observador y ex senador del Partido Colorado, responsable en primera instancia de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, ocurrida en Montevideo en 1976, y lo procesó con prisión bajo la acusación de privación de libertad.

Elena Quinteros era una militante del Partido por la Victoria del Pueblo que a la fecha de los acontecimientos (fines de junio de 1976) estaba secuestrada en una cárcel clandestina del ejército. En medio de una de las sesiones de tortura a la que estaba siendo sometida, Quinteros ideó un plan para escapar; dijo a los militares que en determinada fecha se tenía queencontrar con otro militante de su partido en determinado lugar.

En dicho día y hora, los militares llevaron a Quinteros hasta el lugar y -vigilando la zona discretamente- la dejaron en libertad para que se encontrara con su contacto, y en ese momento apresarlo a él también. Sin embargo, para sorpresa de sus secuestradores, Quinteros saltó el muro de una casa y golpeó a su puerta. Era la embajada de Venezuela, y la detenida alcanzó a explicar a un funcionario de dicha legación quién era, en qué circunstancias se hallaba y le solicitó asilo político. Percatados de lo que sucedía, los militares penetraron en la embajada y se llevaron a Quinteros a rastras. Fue la última vez que se supo de ella.

El gobierno venezolano protestó ante el uruguayo por la violación de su territorio y reclamó la entrega de Quinteros, y es aquí que comienza la intervención directa del entonces canciller Juan Carlos Blanco en el asunto. Seguros de encontrarse ante un grave problema internacional, los militares solicitaron asesoramiento a los civiles que comandaban el Ministerio de Relaciones Exteriores. El subsecretario Guido Michelín Salomón, el asesor Alvarez, el embajador de Uruguay en Venezuela, Julio César Lupinacci (hasta hace poco tiempo embajador en el Vaticano) y el mismo Juan Carlos Blanco, analizaron entonces los pro y los contra de acceder al pedido de los venezolanos. Finalmente, la dictadura tomó la decisión de negar cualquier implicancia en lo sucedido, lo que derivó en la desaparición de Elena Quinteros y en la ruptura de relaciones con Venezuela, las que recién fueron reanudadas a la vuelta de la democracia a Uruguay en 1985, bajo la promesa del presidente Julio Sanguinetti de aclarar satisfactoriamente lo acontecido, cosa que nunca sucedió. Finalmente, la denuncia que llevó ahora al procesamiento del ex canciller, fue presentada hace más de una década por la central sindical uruguaya (PIT-CNT) en nombre de la madre de Elena Quinteros, María (Tota) Almeida de Quinteros, quien falleció en enero de 2001 sin saber qué había sido de su hija. La Tota Quinteros, como era conocida, fue hasta su muerte un símbolo de la lucha de los familiares de desaparecidos por saber el destino de sus seres queridos.

Juan Carlos Blanco manifiesta una rara forma de amnesia sobre los acontecimientos en los que participó, y en su defensa, ha dado a entender que Elena Quinteros está muerta, ya que el delito de asesinato caduca 10 años luego de ser cometido, y este es el caso. Sin embargo, si bien todos presumen que Quinteros fue asesinada por tortura, hasta el momento dicha circunstancia no ha sido probada. Por otro lado, el juez actuante estima que el asesinato de la desaparecida, en lugar de dejar libre de condena a Blanco, agrava aún más su situación. Por el momento, el canciller (bajo cuyo ejercicio además fueron asesinados en Buenos Aires los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio Barredo-Whitelaw, entre otros) duerme en Cárcel Central a la espera del proceso.F