Escribe Camilo García

La historia de Colombia se caracteriza, entre otros rasgos, por el extenso dominio político y la notoria hegemonía socio-cultural que los partidos Liberal y Conservador han ejercido sobre amplios sectores de la sociedad, desde su nacimiento en los primeros años de la vida nacional.

Han sido partidos que no sólo han monopolizado los resortes del poder político del Estado, sino que además, han obrado como órganos de fomento y transmisión de opiniones e ideas sobre el mundo social y político, que han calado hondo en diferentes sectores de la población. Pero son partidos que también que han creído, o por lo menos creyeron firmemente hasta la firma del llamado pacto del Frente Nacional en 1958, que el uso de las armas era un recurso válido para luchar contra o por el poder. No obstante el carácter republicano y formalmente democrático que adquirió el orden político estatal desde la Independencia, el uso de las armas fue aceptado por los círculos sociales y políticos dirigentes del país como un medio político legítimo para acceder al poder. En efecto, fueron múltiples las ocasiones en el curso del siglo XIX en que los dirigentes de un partido decidieron organizar un ejército propio y alzarse en armas contra el gobierno de turno para tratar de derrocarlo por haber tomado medidas político-jurídicas que no aceptaban. Así por ejemplo en 1839, los conservadores se levantaron en armas sin éxito contra el gobierno liberal por haber decidido cerrar una serie de conventos religiosos; en 1851 intentaron de nuevo y volvieron a fracazar en su lucha por echar atrás la decisión que había tomada el gobierno liberal de José Hilario López de darle la libertad a los esclavos; en 1875 volvieron a tomar las armas para oponerse al proceso de secularización de la enseñanza que habían puesto en marcha los gobiernos liberales desde 1864. En 1885, fueron los liberales los que empuñaron las armas contra el gobierno de su copartidario Rafael Nuñez a fin de (impedir que consumara su proyecto de abolir del régimen federalista que imperaba en el país. Guerra que finalmente perdieron. Diez años después, en 1895, volvieron a armarse, en esta ocasión contra el gobierno conservador de Miguel Antonio Caro, con el propósito de suprimir la Constitución centralista que había establecido Nuñez. Y finalmente en 1899 los liberales hicieron de nuevo la guerra con el mismo propósito contra el gobierno conservador. La llamada Guerra de los Mil Días; guerra, especialmente devastadora y sangrienta, fue suspendida por los propios liberales a finales de 1902 para tratar de conjurar el riesgo inminente que se cernía, de la separación de Panamá promovida por Estados Unidos. Con su conocida frase La patria por encima de los partidos, el general Benjamín Herrera, jefe militar y político de los liberales, no sólo dio por terminada esta guerra sino todo un largo período de enfrentamientos armados sucesivos entre los dos partidos políticos.
En efecto, el Partido Liberal tomó desde ese momento la decisión de renunciar de modo definitivo a usar las armas para luchar por el poder político. Con este hecho político se abrió una especie de convivencia pacífica entre los dos partidos que duraría casi 50 años: los conservadores pudieron seguir gobernando de modo hegemónico sin mayores sobresaltos hasta 1930; y los liberales, por su parte, después de ganar las elecciones de ese año, asumieron la dirección del Estado e instauraron la llamada República liberal hasta que perdieron frente a los conservadores en las elecciones presidenciales de 1946.

La violencia más cercana

Sin embargo, este período de convivencia terminaría aquí, porque el Partido Conservador una vez en el gobierno, se puso en la tarea de organizar y llevar a cabo una violenta y masiva persecución contra el Partido Liberal, especialmente contra sus bases campesinas. Los conservadores en el poder, dirigidos y estimulados por su jefe supremo Laureano Gómez, el monstruo, se dedicaron a matar campesinos liberales. Para cumplir este fin no sólo utilizaron a la policía oficial sino que organizaron bandas privadas armadas conocidas en la historia nacional como los pájaros y chulavitas. Estos campesinos perseguidos, víctimas de la violencia oficial, decidieron a su turno organizar grupos armados guerrilleros que se dedicaron no sólo a defender la propia vida sino también a asesinar, muchas veces por venganza, a campesinos civiles conservadores. El resultado de estas acciones violentas de los dos partidos fueron 300.000 personas muertas durante los 10 años, hasta la firma del pacto del Frente Nacional en 1958, en el que los dirigentes de los dos partidos acordaron un esquema de distribución conjunta del poder político.

La diferencia central entre esta violencia promovida y organizada por el Partido Conservador desde el Estado, con respecto a las anteriores acciones armadas y violentas de la historia del país, radicó en que fue una violencia dirigida contra una población civil que estaba, al principio, desarmada e indefensa. Contra una población que no se había levantado en armas contra el gobierno, y que tampoco estaba realizando ninguna acción de protesta social o política. Con lo que se reveló el carácter totalmente infundado de esta violencia iniciada por el gobierno conservador; no había ninguna razón, más o menos válida, que se pudiera esgrimir para justificarla. La voluntad irracional de destruir políticamente al adversario liberal mediante el asesinato de sus miembros, fue en realidad el único motivo que presidió esta conducta bárbara y antidemocrática.

Como resultado del manejo al cual fue sometido el Estado colombiano por parte del Partido Conservador, convirtiéndolo en un órgano ilegal de persecución violenta contra la población civil, se empiezan a generar las organizaciones guerrilleras. Es en este contexto en el cual hay que buscar el origen más remoto del actual conflicto armado del país. La organización guerrillera de las FARC, la más grande y poderosa del país, brotó precisamente como respuesta y reacción de un grupo de campesinos orientados por el Partido Comunista de defender la vida de las agresiones violentas del Estado. Aunque el significado de este origen se ha borrado o perdido en parte por las sistemáticas acciones violentas que los guerrilleros realizan contra sectores civiles de la sociedad, como el secuestro, el asesinato de personas sospechosas de colaborar con el ejército o los grupos paramilitares, la destrucción de torres de energía eléctrica y puentes, etc., no es posible dejarlo en el olvido, so pena de perder de vista un aspecto central de la existencia de este grupo guerrillero. Pero los grupos guerrilleros al realizar de modo reiterado y sistemático estas acciones, especialmente las del secuestro y la extorsión contra los terratenientes, hacendados, empresarios y campesinos ricos, provocaron a su turno la aparición de un nuevo contingente armado, de un nuevo actor de la violencia en Colombia: los grupos paramilitares a principios de la década de los 80 del siglo pasado. Grupos que se han propuesto combatir, con la ayuda de unidades y miembros del ejército, a las organizaciones guerrilleras, diezmar sus fuerzas y reducir su esfera social de influencia, mediante un procedimiento cruel, salvaje y brutal: asesinando a todas las personas civiles que consideran sus simpatizantes o colaboradores. Los incontables crímenes que han cometido los grupos paramilitares de campesinos, estudiantes, dirigentes sindicales, periodistas, juristas, profesores universitarios y dirigentes políticos, entre otros, constituye el último eslabón de esta larga y extensa cadena de la violencia que pareciera mantener férreamente encadenado el curso histórico del país.

Romper esta cadena, deshacerla de modo definitivo, a través de un acuerdo de paz entre los grupos guerrilleros y el gobierno es tal vez uno de los retos y empresas más importantes que han tenido los colombianos en su historia. Y sería lograr realizar el anhelo natural y legítimo que tienen todos los seres humanos, que para los colombianos ha sido un bien escaso, de vivir sin el peligro de ser víctimas de acciones violentas, de vivir en paz. El próximo sábado 26 de octubre nos reuniremos en un seminario en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo, para ahondar y discutir sobre esta historia.

Camilo García, investigador y filósofo colombiano, reside en Estocolmo.

Seminario sobre
LAS RAICES HISTORICAS
DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

TEMAS: Diferencias y semejanzas entre las guerras civiles del siglo XIX y el actual conflicto armado. Expositor: Carlos Vidales, historiador y profesor de la Universidad de Estocolmo. - Aspectos socio-económicos del conflicto armado. Expositor: Imelda Daza, economista. - Orígenes políticos de la violencia actual en Colombia. Expositor: Camilo García, filósofo. Hacia una salida negociada del conflicto armado interno. Limitaciones y posibilidades del compromiso de la comunidad internacional. Expositor: Jocke Nyberg, consultor y ex-funcionario de la Embajada de Suecia en Bogotá.

SABADO, 26 de OCTUBRE. 9.30 - 16.30 HORAS.

Biblioteca del INSTITUTO LATINOAMERICANO
de la Universidad de Estocolmo. Edificio B (T) Universitet.

Organizan: Asociación Cultural Perspectiva-Forum Syd,
Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo
Informes: 08 - 71 73 851