La protesta coincide además con la discusión en el Congreso de un proyecto de ley enviado por la presidenta Cristina Fernández, para adelantar de octubre a junio las elecciones de renovación parcial del Congreso legislativo. Casualmente varios directivos de las gremiales en protesta integran algunas listas.

"No sé qué le van a coparticipar a los municipios si estamos entrando en el círculo más grande de pobreza de la historia argentina. Si ustedes quieren hacer de la Argentina una Cuba o Venezuela, se equivocaron", fue la respuesta de Alfredo De Angeli, líder de los productores de soja de la provincia de Entre Ríos, y uno de los referentes de los cortes de rutas de los ecologistas de Gualeguaychú, al anuncio de la presidenta argentina, Cristina Fernández, de entregar a los gobiernos locales el 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja.

"Qué bien que estuvo Alfredo, sobre todo con lo de Cuba y Venezuela. ¿Quién quiere ser como esos negros de mierda?" murmuró Abelardo Spector Fraga, delegado de la Sociedad Rural de Gualeguaychú participante en el corte de ruta iniciado el viernes en la ruta 14, kilómetro 53, según una crónica del diario Página 12.
Aunque después intentó aclarar su postura racista, Spector Fraga dejó sentado el carácter clasista y reaccionario de las protestas de los productores de soja en Argentina.

"Los argentinos somos inmigrantes europeos, que queremos el progreso y el bienestar. A mí me gusta el capitalismo, pero más humano, donde no haya pobreza como la hay en Latinoamérica", aclaró Spector Fraga al diario Página 12.

El paro agropecuario, encabezado por la oligarquía argentina tiene la extraña habilidad de incorporar a otros sectores de la sociedad argentina que, coyunturalmente, o coinciden con el reclamo de no pagar impuestos o sabotear el gobierno de Cristina Fernández.

Aunque el paro agrario del pasado año logró despertar la simpatía de sectores de izquierda que veían como aliado inesperado a las gremiales agropecuarias, esta vez adoptan una actitud más prudente.
La nueva huelga agraria fue lanzada el viernes pasado por la Federación Agraria, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, que aglutinan a unos 290.000 productores de los poco más de 330.000 que están registrados en el país.

El paro incluye un cese de comercialización de granos y ganado vacuno en pie durante siete días, cuyos efectos podrían sentirse en los mercados y puertos.

La protesta agraria, la séptima desde que se inició el conflicto por las retenciones en marzo de 2008 y la segunda en lo que va de este año, se hace sentir en las carreteras, donde los productores realizan piquetes en la ruta y bloqueos, algunos totales, en unos 70 puntos del país.

Sostienen que la caída del precio de la soja en el mercado internacional y la baja en los rendimientos de las cosechas como consecuencia de la sequía, hace "insostenible" la producción si se mantiene esa tasa de retenciones. Ello pese a que en la última semana los precios de la soja subieron nuevamente aunque todavía muy por debajo de los índices registrados el pasado año, y tras la decisión del gobierno de exonerar el pago de algunos impuestos durante un año a los productores afectados por la sequía.

"Tanto el paro como los cortes de ruta son una burla a los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los dirigentes gremiales del campo en las reuniones que vienen llevándose a cabo en el Ministerio de la Producción", señaló el ministro del Interior Florencio Randazzo a la prensa el pasado fin de semana.

El ministro consideró que "lo único que les interesa es que se bajen las retenciones a la soja y en el campo hay más de siete millones de toneladas de soja que todavía no se comercializaron. Ellos se dan el lujo en un mundo en el que nadie se puede dar ese lujo. Son unos 2300 millones de dólares", sostuvo Randazzo.

"La Argentina somos todos, la Argentina sigue siendo un país injusto, donde falta mejorar la distribución del ingreso, por eso creo que no hay duda que se están tocando sectores muy poderosos", concluyó.
La tónica de los discursos de los dirigentes agrarios no es menos belicosa. El titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, cuestionó "el empecinamiento y la tozudez" del gobierno frente a los reclamos de la dirigencia agraria. "Ya vimos el empecinamiento y la tozudez con que se actúa", declaró en una conferencia de prensa.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, acusó al gobierno de "estrangula hasta la asfixia a los productores" al no acceder a bajar las retenciones a las exportaciones de granos.
El titular de Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angelis, aseguró que los cortes en las rutas se levantarán cuando el gobierno deje de ser "tan necio".

Y de las palabras a los hechos. Además de los cortes de rutas, cada vez más prolongados, los productores se han dedicado a "visitar" a los legisladores de sus provincias para que habiliten el quorum en el Congreso para discutir un proyecto de ley presentado por la oposición para debajar las retenciones a los granos.
Estas "visitas" han sido denunciadas como amenazas y actos de "patotas" por el ex aliado de los productores, el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

Según Busti los ruralistas entrerrianos liderados por De Angeli "patotearon" a su esposa, la diputada nacional Cristina Cremer para que ingresara a sala a los efectos de dar quorum a la discusión del proyecto de ley.

Un año de protestas
El pasado año los productores sojeros dieron con éxito una lucha a nivel nacional para impedir que el gobierno aprobara un esquema de retenciones móviles a las exportaciones de ese grano, en pleno auge del precio de ese producto en el mercado internacional. A mediados de junio de 2008, la tonelada de soja superaba los 600 dólares.

El gobierno de Cristina Fernández emitió entonces un decreto para aumentar las retenciones a las exportaciones de soja con el doble objetivo de aumentar los ingresos fiscales, desestimular la invasión de la producción de soja en los campos y estimular la plantación de otros cereales.

Desde el año 2002 existe una retención fija a las exportaciones de soja del 35%. La propuesta del gobierno fue aumentar esas retenciones a medida que el precio internacional del producto aumentaba, y al mismo tiempo disminuía en la medida que el producto se industrializaba.

Los productores de soja pusieron el grito en el cielo y la presidenta dió marcha atrás con el decreto y en su lugar envió un proyecto de ley al parlamento con las mismas medidas. Con el voto decisivo del vicepresidente Julio Cobos, el Congreso rechazó la ley y los productores sojeros cantaron victoria.

Antes, habían cortado rutas en todo el país, impidiendo el acceso de productos las ciudades, lo que provocó la escasez de alimentos.

Según datos estadísticos, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y parte de Córdoba -lo que se conoce como la Pampa húmeda- se concentra el 88 por ciento de la producción de soja, y el 89 por ciento de los productores.

Los grandes productores, con las mayores extensiones de campo, están vinculados a empresas multinacionales que a su vez arriendan los campos a productores mediados y pequeños para que planten soja. Muchas empresas exportadoras del grano ni siquiera poseen campos, sino que arriendan predios para cosechar o establecen acuerdos para comprar la cosecha y manejar así las exportaciones.

Ya desde fines del pasado año, con la crisis económica internacional, muchas de las materias primas y alimentos sufrieron una caída brutal de precios en los mercados internacionales. La soja pasó de 650 dólares la tonelada, a los 350 dólares de ahora, y después de haber llegado a niveles aún más bajos.
Es probable de que si se hubiera aprobado el esquema de las retenciones móviles -que las gremiales rurales rechazaron- hoy los productores estuvieran pagando menos.

Sin embargo, los reclamos de ahora son para eliminar completamente las retenciones a las soja, que como se recuerda, es del 35 por ciento desde el año 2002, cuando el precio de la tonelada oscilaba en los 200 a 250 dólares la tonelada.

Las organizaciones del campo consideran "confiscatorio" a ese tributo y a los que pesan sobre las exportaciones de girasol (32 por ciento), trigo (23 por ciento) y maíz (20 por ciento), aunque las actuales protestas reclaman más que nada por la soja.

En las últimas semanas, el gobierno anunció varias medidas en beneficio del sector rural para tratar de descomprimir el conflicto, pero los dirigentes de las entidades dejaron en claro que su cruzada es casi exclusivamente en defensa de los intereses de la cadena agroindustrial sojera.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, la mandataria estableció que el 30% de la recaudación fiscal por la soja se entregará a los gobiernos provinciales y municipales, mientras que el restante 70% permanecerá, como hasta ahora, en las arcas de la nación.

La distribución se hará mediante la creación de un Fondo Federal Solidario, por el que se pretende destinar el dinero al desarrollo de infraestructura social: "viviendas, escuelas, cloacas" y otras obras similares, en palabras de la misma mandataria.

"(Queremos) que la resignación que la naciónhace de esta parte del superávit fiscal vaya directamente al sostenimiento de la actividad económica y que impacte en la calidad de vida de la gente", expresó Fernández.
Por la medida, se redistribuirán entre las provincias unos US$1.770 millones, lo que representa un crecimiento del 11% en las partidas de coparticipación actuales.

Unos días antes, la oposición apoyada por los productores sojeros, presentaron su propio proyecto de reducción de las retenciones.

El proyecto fue introducido en el Congreso pero la bancada oficialista no habilitó el quorum para debatirlo. Según esta iniciativa, se pretende eliminar la retención a la oleaginosa para quienes producen menos de 1000 toneladas y la baja a 25 por ciento para el resto.

El gobierno no puede perder ingresos
Con la crisis financiera y económica internacional golpeando las cuentas del Estado, se le hace dificil al gobierno conceder las exenciones fiscales reclamadas por los productores de soja. Según informó el Ministerio de Economía el pasado jueves, el superávit primario de Argentina se derrumbó un 49,6 por ciento interanual en febrero a 1.602,9 millones de pesos (427,7 millones de dólares), y luego del pago de intereses de la deuda externa, el superávit se ubicó en sólo 638 millones de pesos.

El gobierno proyectó el año pasado un superávit primario de 36.428,4 millones de pesos para el 2009, equivalente a un 3,27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Pero la meta, fijada en septiembre cuando la crisis internacional no tenía la profundidad actual, será de difícil cumplimiento, dejó entrever el secretario de Hacienda Juan Carlos Pezoa, quien rechazó dar una estimación para el superávit anual.

"Estamos en una situación especial, pero lo que sostiene este gobierno es que mantendrá la prudecencia fiscal. Seamos realistas, todos los días se están modificando los números para abajo" en el mundo, completó.
Además, tras el anuncio de la presidenta de de que entregará el 30 por ciento de las retenciones a la soja a las provincias, el mínimo superávit fiscal puede convertirse en déficit. El Ministerio de Economía estimó el costo fiscal de esa concesión en unos 1.776 millones de dólares.

Se estima que por la baja de precios de los granos y la reducción de los rendimientos de las cosechas por la sequía, las exportaciones agrícolas de Argentina bajarían este año de 35.000 a 25.000 millones de dólares, lo que provocará una reducción en los ingresos fiscales por derechos de exportación de entre 5.600 y 8.000 millones de dólares.

Hay que recordar que la soja ocupa hoy 16,6 millones de hectáreas, más de la mitad de la tierra cultivada en el país.
De los 70.000 millones de dólares exportados por Argentina el pasado año, el 20 por ciento correspondió a la soja.