"Esta condena es muy importante para las víctimas de los 30 mil detenidos, para los 4 millones de desplazados internos, mientras en Colombia se mantienen las torturas, las desapariciones forzadas", sostuvo Lilia Solano, profesora, investigadora y trabajadora de los derechos humanos, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Colombia.

Solano subrayó que los crímenes contra la Humanidad "se están cometiendo permanentemente mientras que el gobierno dice que todo se reduce al enfrentamiento con la insurgencia. Lo cierto es que los crímenes que el Estado comete, son sistemáticos y permamentes, y si la comunidad internacional no los condena, nos quedamos en Colombia solos poniéndole el pecho a las balas".

El Jurado Internacional constituido por François Houtart de Bélgica, Carmencita Karagdag de Filipinas, Ulrich Duchrow de Alemania, Patricia Dahl de Estados Unidos, Mierille Fanon-Mendéz de Francia, Moira Gracey de Canadá, Carlos Gaviria de Colombia y Jose Luis Nieto de España constató también que la situación, lejos de mejorarse tiende a empeorar y por eso llama a la conciencia de los pueblos europeos para que ellos y sus responsables políticos se abstengan de colaborar con el gobierno colombiano.

El Tribunal también encontró responsabilidad de una serie de empresas europeas en la violación de los derechos humanos en Colombia.

En su resolución, el Tribunal establece la responsabilidad europea:
Desde 2002, se incrementó el interés de grandes empresas europeas por Colombia. Una agenda de pacificación del país fue elaborada y apoyada tanto por el gobierno de los Estados unidos, como por grupos financieros y empresarios europeos. La Comisión europea y en el Consejo europeo apoyan el "proceso de paz" por un compromiso político y financiero, que incluye también la ley Justicia y Paz.

A pesar del hecho que el gobierno de Colombia sea responsable de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad, el apoyo de varios Estados de la Comunidad europea y de otros como Suiza, los hace corresponsables de tales hechos. Esta situación se concreta de la manera siguiente:
Las empresas multinacionales europeas (Unión Fenosa, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander Central Hispano, Endesa, Prisa, Aguas de Barcelona, CEPSA, Gas Natural, de España, BP y Nestlé de Suiza) están implicadas en:

El desplazamiento forzado de personas por parte de las fuerzas armadas, policía y en especial por paramilitares, para el control de los territorios destinados a monocultivos, a actividades mineras, petroleras o turísticas. A título de ejemplo se pueden citar las empresas Repsol (España) y BP (Gran Bretaña).
En la vulneración del acuerdo 169 de la OIT sobre el respeto de los recursos naturales de los pueblos indígenas (BP)

En la denegación de los derechos de los trabajadores, como en el caso de Nestlé y BBVA.
En la colaboración con grupos paramilitares para la seguridad de las empresas, un ejemplo es BP.
En las presiones sobre las instancias políticas locales para que no intervengan.
En las inversiones en medios de comunicación de masa que presentan Colombia como un país democrático, tal como hace el grupo español Prisa.

En el financiamiento de proyectos negativos para el ambiente y socialmente desastrosos. El Banco Santander es un caso entre otros.

1. La Unión Europea impone normas de utilización de agrocombustibles (20% de energías renovables para 2020), y así favorece el desarrollo de monocultivos de caña (etanol) y de palma (agrodisel).
2. El Banco Europeo de Inversión (BEI), mayor institución internacional de financiamiento público del mundo, financia empresas multinacionales en Colombia, sin criterios suficientes concernientes a las normas del entorno y a las condiciones elementales del respeto a los Derechos Humanos.
3. Los Tratados bilaterales entre países europeos y Colombia: se trata de Hungría, la República Checa, Polonia y Romania.

4. Los acuerdos en el cuadro del Sistema de Referencias Generalizadas Andinas (SPG), que favorecen las exportaciones colombianas en Europa.
5. Las negociaciones para un Tratado de libre comercio, sin cuestionar seriamente las situaciones de violaciones de Derechos Humanos.

6. La colaboración militar entre Colombia y el Reino Unido y entre Colombia y Francia, como la venta de armas de varios países Europeos, entre ellos España y Bélgica, entre otros.
Lo que se espera de los actores económicos y políticos de Europa :

1. Una renegociación de todos los acuerdos con Colombia sobre la base del artículo 2 del Acuerdo de Asociación, estipulando que un acuerdo puede ser denunciado si una de las partes involucradas, viola los Derechos Humanos.

2. La aplicación de estos criterios por el BEI.
3. El fin de toda negociación que desemboque en medidas de privatización y de liberalización que beneficien a las empresas transnacionales europeas y no al pueblo colombiano.

4. El fin de las políticas energéticas, imponiendo de hecho una producción de agrocombustibles en Colombia.
5. El financiamiento de programas sociales que benefician a las poblaciones más necesitadas en concertación con los movimientos sociales populares.

6. Una contribución a la reparación de los daños que resultaron de las políticas económicas europeas.
7. Apoyo a los movimientos y organizaciones sociales, que en Colombia luchan por los Derechos Humanos y en particular en sus esfuerzos para presentar sus casos ante la Corte Penal Internacional.
8. Colaboración activa con el proceso de paz y reconciliación, tomando en cuenta la necesitad de reconstruir la memoria, de iniciar negociaciones políticas y de establecer estructuras económicas y sociales garantizando la justicia, la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición de los crímenes.

9. La suspensión de financiamiento a proyectos de cooperación al desarrollo que fortalecen a grupos paramilitares y a políticos involucrados con ellos.

10. La denuncia de la Ley de Justicia y Paz y de la comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como instrumentos jurídicos y políticos no adecuados con el reclamo de las víctimas de vulneración de Derechos Humanos y el apoyo a un verdadero proceso de verdad, justicia y reparación.

11. La suspensión de los acuerdos militares y de la venta de armas y de cualquier equipo militar por parte de los países de la Unión Europea al gobierno de Colombia.

12. La anulación de la Directiva aprobada por el Parlamento Europeo referida al retorno de la población inmigrante, entre ellos la población colombiana".

El Tribunal también hizo un repaso del desarrollo histórico de Colombia para explicar como se llegó a la situación actual.

"Desde la independencia, Colombia se ha caracterizado por una dualidad social: una monopolización de los poderes económicos, políticos, culturales por una minoría, esencialmente urbana y, del otro lado grandes masas rurales viviendo a un nivel de subsistencia. La injusticia social, imperante desde el periodo de la colonia, se profundizó durante el periodo neoliberal. Según el informe del PNUD del 2007, 17 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y seis millones están en la indigencia teniendo que vivir con menos de un dólar por día y la distancia entre los más ricos y los más pobres va creciendo.

Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina, siendo un país rico con un crecimiento anual del 7 %. La lógica neoliberal que promueve un crecimiento espectacular de más o menos 20 % de la población se aplica perfectamente al país. El 0.3 % de la población es propietaria de más de la mitad de las tierras agrícolas.

Desde el punto de vista político, dos partidos, el partido liberal y el partido conservador, reflejos de la burguesía y de la oligarquía, han dirigido el país desde el siglo XIX, en alternantes más o menos regulares, concluyendo a veces un pacto oficial para compartir el poder (periodo conocido como el Frente nacional). No han permitido nunca la expresión de una alternativa política. Cada vez que un líder político podría presentar la esperanza de un cambio real, la iniciativa se termino por un asesinato o una muerte violenta: Jorge Eliécer Gaitán, Camilo Torres, y más recientemente Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo.

Uno de los casos más contundentes de esta voluntad de impedir toda alternativa política es la eliminación física de más de 3000 cuadros de la Unión Patriótica, se ha hablado a este respecto de genocidio político".
La injusticia social, el monopolio del poder político, la imposibilidad de una alternativa real, explican entre otros factores, el nacimiento de movimientos insurgentes armados a principio de los años sesenta, después de la Guerra civil destacada entre liberales y conservadores por el asesinato de Gaitán, conocida como el periodo de la "violencia", que causó 300.000 muertos.

A partir de los años setenta, el desarrollo del narcotráfico como sistema que integra una gran parte de las estructuras sociales y económicas del país, se volvió en un componente de la realidad político-económica de Colombia. Se organizaron importantes carteles, y las ganancias del negocio penetraron el conjunto de la estructura económica, con el reciclaje de dinero en el sistema financiero, en la construcción y en casi en todos los sectores de la economía. Penetró también el sistema político y la sociedad entera: fuerzas armadas, parlamento, justicia, gobierno.

A lo largo de un conflicto de más de 40 años, los métodos de las organizaciones guerrilleras, se han degradado pasando por el cobro de impuestos al narcotráfico hasta las retenciones a civiles.

Desde los años sesenta, incluso antes de la aparición de las guerrillas, una misión militar de los Estados Unidos, obligó a los gobiernos colombianos a ampliar una estrategia paramilitar ya utilizada por los terratenientes, para combatir ideologías disidentes legalizando progresivamente su accionar, el cual tuvo mayor auge en las décadas de los 80s y de los 90s y se prolonga hasta hoy. Estos grupos paramilitares han crecido hasta controlar territorios enteros y han utilizado los métodos más condenables de represión de la población civil: masacres colectivas indiscriminadas y selectivas, desapariciones forzadas y torturas, desplazamientos forzados, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas a comunidades campesinas, negras e indígenas.

Desde el principio del conflicto armado la ayuda de los Estados Unidos ha ido creciendo, con el pretexto en esos últimos años de la lucha contra el narcotráfico, que toma el nombre a partir de 1998 de " Plan Colombia" y se transformó rápidamente en un plan de lucha contra la insurgencia. El "Plan patriota" y la consolidación del "Plan Colombia" persiguen los mismos objetivos, en un país de gran importancia geoestratégica para los intereses del imperio del Norte.

Con la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, el conflicto se extendió a una franja importante de la sociedad civil a través de la política de la "Seguridad Democrática". El objetivo asumido de esta política es la solución militar del conflicto. Desde los primeros años, para llegar a esos objetivos, se utilizaron mecanismos y políticas que implicaban a la población civil en la guerra: redes de informantes, soldados campesinos, entre otros.

A partir del 2004 se emprendió una operación de desmovilización de los paramilitares, acompañada de varias medidas legislativas que de hecho revelaron ser una amnistía encubierta destinada a asegurar la impunidad de los paramilitares. La ley 975 del 25 de Julio de 2005, denominada de "Justicia y Paz", permitió a pesar de la anulación de varias disposiciones de la Corte Constitucional en 2006, que los principales jefes paramilitares escaparán a las sanciones incurridas por crimines de una particular gravedad. Este proceso de impunidad culminó el 13 de mayo de 2008, con la extradición de 14 de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que les permitió eludir su responsabilidad hacia las numerosas víctimas de sus crímenes.

La complicidad del aparato estatal civil y militar y con el paramilitarismo, negada por el gobierno, ha sido demostrada por la Justicia que investiga actualmente a decenas de parlamentarios de la bancada uribista, incluyendo al propio primo del Presidente de la República, por colaboración con los organismos paramilitares. Hoy en día 37 parlamentarios están en la cárcel. Entre las dos opciones posibles para el gobierno, negociar con la insurgencia y enfrentar el paramilitarismo o profundizar la Guerra contra la insurgencia y aliarse con los paramilitares, se escogió claramente la segunda.

Lo que aparece con evidencia, es un sistema político al servicio de las oligarquías de la sociedad y de los intereses económicos internacionales, utilizando formas e instituciones democráticas para, de hecho, funcionar de otra manera, desemboca sobre una lucha implacable contra los movimientos sociales populares y las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y en forma muy grave con el asesinato sistemáticos de líderes sindicales.

El ejemplo más reciente de esta política se puede comprobar con la posición del presidente Uribe a propósito de la huelga de los obreros azucareros del Valle del Cauca, que luchan por mejorar sus pésimas condiciones de trabajo y por la defensa de la biodiversidad y de los cultivos alimentarios contra la expansión de la caña para los agrocumbustibles. Declaró el Presidente Uribe: " para sofocar la revuelta de los cortadores en el Valle, usen toda la fuerza posible, no escatimen en represión, si es preciso movilicen a todos los soldados de la patria". El gobierno actual se inscribe en la continuidad de este modelo, apoyado por las empresas multinacionales, incluidas las europeas, apoyadas militarmente por los Estados Unidos y ayudado y tolerado por las instituciones europeas".