El Tratado de reforma fue rechazado por el 53,4 por ciento de los votos, frente a un apoyo del 46,6 por ciento. La victoria del No fue por un margen de 109.964 papeletas, al conseguir 862.415 frente a las 752.451 del Si. El pronunciamiento de los irlandeses fue claro, remarcado por una significativa participación del 53,1 por ciento, una de las más altas registradas en Irlanda para un referéndum, lo que complica una repetición de la consulta popular.

Los medios europeos intentaron destacar el alto número de abstención, pero dejaron de lado el detalle antes mencionado, fue una concurrencia alta para un referendo. Por lo pronto fue mayor que en los dos refendos anteriores sobre la Unión Europea donde los líderes políticos obligaron a repetir una votación.
En 2001, con una participación de sólo el 34,6 por ciento, los irlandeses votaron en contra del llamado Tratado de Niza. Una nueva negociación con Bruselas permitió introducir algunas variaciones al texto y convocar una nueva consulta popular, justificada también por la necesidad del pronunciamiento de mayor número de irlandeses. En el referéndum de 2002, la participación ascendió al 48 por ciento y el Tratado de Niza quedó aprobado.

En la campaña por el Si participaron prácticamente todos los partidos del arco parlamentario -salvo el Sinn Fein-, la patronal y varios sindicatos. Mientras que la campaña por el No reunió grupos dispares desde el Sin Fein, Attac, los anarquistas, socialistas, comunistas, católicos y empresarios nacionalistas.

La figura visible de la campaña ha sido Declan Ganley, empresario y promotor de Libertas.
"No es un voto antieuropeo", explicó Ganley, "sólo queremos una Europa más democrática y más transparente. Rechazamos este proyecto, al igual que lo hicieron franceses y holandeses, no la Unión".

Ganley confía en que el rechazo irlandés obligará al gobierno y al resto de sus socios comunitarios a renegociar un texto que durante la campaña ha calificado de "vergonzoso" y negativo para los intereses económicos y políticos nacionales.

"Perdemos un Comisario (europeo) durante cinco años, nuestro voto se reduce a la mitad, mientras que el de Alemania se dobla, y perdemos el derecho a veto en 60 políticas y competencias sobre 105 nuevas áreas. A cambio, ganamos un presidente europeo y un ministro de Exteriores no electos", insistió el empresario.
El Sinn Fein, el único partido con representación parlamentaria opuesto al Tratado, también abogó por la renegociación del mismo. Su única europarlamentaria irlandesa, Mary Lou McDonald, expresó "el pueblo es soberano en estas cuestiones. No son los partidos políticos los que tienen que decidir, ésta es una oportunidad única para que la ciudadanía ejerza sus derechos democráticos", resaltó.

Mientras, el primer ministro irlandés, Brian Cowen reconoció la dificultad de su gobierno. "La difícil situación no tiene rápido arreglo", proclamó.

Cowen, quien indicó que la U.E no debería actuar de modo inmediato sino tomarse una pausa para reflexionar. Defendió que la voluntad expresada por los irlandeses no era la de apartarse de la U.E y adelantó su aceptación a un proceso de integración con Europa a diferentes velocidades. Su ministro para Europa, Dick Roche, dijo que "no está claro en absoluto hacia dónde hay que ir" y consideró complicado volver a negociar en Bruselas: "¿Cómo vamos a ir a renegociar si los otros 26 países están con el texto?".

Reacciones europeas
El proceso de ratifiación del Tratado se pretendía llevar adelante sin la participación popular. Los 26 miembros restantes de la Unión Europea han optado por ratificar el Tratado de Lisboa sólo por la vía de los parlamentos nacionales. Los reclamos en cada país para plebiscitar el tratado han sido rechazados por todos los gobiernos. Nadie quiere repetir la experiencia de la Constitución europea que naufragó cuando fue sometida a la consulta ciudadana en Francia y Holanda en 2005.

Hasta ahora 17 parlamentos han aceptado el Tratado. Aún faltan ratificarlo Reino Unido, República Checa, Suecia, Italia, Bélgica, Holanda, Chipre y España.

Irlanda, por su Constitución, debía someter el acuerdo a un referendo, o por el contrario modificar su Constitución, lo que también exigía una consulta popular.

Las primeras y expontáneas reacciones de los dirigentes europeos fueron de continuar como si nada con la ratificación del Tratado y exigir después que Irlanda revea su posición, a través de otra consulta popular o aceptando pequeñas modificaciones al texto ya rechazado.

El presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, fue categórico al comentar el resultado irlandés. Sin pudor repitió lo que todos sus colegas europeos piensan: "los tratados internacionales no deberían ser sometidos en ningún caso a referendos nacionales". Cavaco Silva explicó que los ciudadanos utilizan estos mecanismos "para castigar a sus gobiernos por políticas internas". De hecho, los ciudadanos castigan a sus gobiernos por sus políticas internas y sus políticas externas que, siempre, tienen incidencia en la vida nacional, especialmente cuando se trata de temas de la Unión.

Cavaco Silva insistió en que "Europa no puede ir hacia atrás por culpa de un solo país" y aventuró que Irlanda deberá convocar otro referéndum para salir de la situación. "El Tratado de Lisboa, recalcó, es demasiado importante para la Unión Europea y para sus ciudadanos", colocando a los irlandeses fuera de la comunidad europea.

El presidente de turno de la Unión, el primer ministro esloveno Janez Jansa, recordó que "no es la primera vez" que un Tratado europeo ha de hacer frente al rechazo de la ciudadanía y que la UE siempre ha terminado por encontrar una solución.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, adelantó que iniciará consultas para buscar una salida. Sin embargo presionó para seguir adelante con la ratificación del Tratado. El equipo de prensa del presidente de la Comisión Europea emitió un comunicado señalando que "en los próximos días, el presidente Barroso mantendrá consultas" sobre cómo debería proceder la UE para solventar la crisis. Las consultas de Barroso incluirán representantes de los Estados miembro de la UE, al presidente y a los líderes de los partidos del Parlamento Europeo y a miembros de la misma Comisión, dijo su portavoz.

"No ha muerto. Todavía está vivo" dijo Durao Barroso enbreves declaraciones a la prensa tras conocer el resultado del referendo en Irlanda. Al mismo tiempo urgió a los 8 países que aún no lo han ratificado a hacerlo antes de fin de año. "Es la única manera de obtener una fotografía completa" de la situación exclamó.
El llamamiento se dirigió, según destacan analistas, a los gobiernos del Reino Unido y la República Checa, y en menor medida a Suecia y Dinamarca donde hay resistencias internas a ratificar el Tratado.

Por lo pronto, el presidente checo, Václav Klaus, ya ha dejado bien claro que el proceso del Tratado de Lisboa terminó con la decisión de los irlandeses "y su ratificación no puede continuar".

El domingo, la prensa europea destacaba que el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, "está recibiendo crecientes presiones de la oposición, su propio partido y de los medios de comunicación para que no siga con el proceso de ratificación y convoque un referéndum", citando fuentes diplomáticas británicas.

En España, la prensa adelantó que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero habría indicado al parlamento que aplace para más adelante la ratificación del Tratado, prevista para estas semanas. Según fuentes del gobierno, el presidente español quiere esperar que todos los demás países se manifiesten antes y evitar el fiasco del plebiscito de la Constitución europea, donde España fue el primer país en ratificarla mediante un plebiscito, y después ver como caía ante la negativa de Francia y Holanda.

También varios eurodiputados han cuestionado la ratificación del Tratado de Lisboa sin la consulta popular.
Francis Wurtz, presidente del Grupo de Izquierda Unida Europea, en el Parlamento Europeo, ha recordado las palabras irónicas de Bertolt Brecht: "Si los dirigentes ven claro y el pueblo se equivoca, lo que hace falta es cambiar de pueblo".

Thomas Rupp, promotor de Campaña por un Referéndum Europeo, sostiene que "si se celebraran otros referendos habría resultados muy similares". "La cuestión está", añade, "en cuántos votos necesitan para darse cuenta de que la Constitución europea está muerta y que no se puede construir Europa sin el consenso de los ciudadanos".

Desmontando el estado de bienestar
Algunos funcionarios de la Unión estiman también que otros elementos aparecen en el descontento popular con las instituciones europeas. Varios medios de prensa de Europa citan las palabras de un funcionario de Bruselas, al que no identifican, que sostiene: "En la Unión Europea está despertando un gran malestar entre la población porque existe la percepción de que se está desmontando el Estado de bienestar y el Estado democrático por la puerta de atrás".

La misma fuente explica que "mientras los temas europeos eran asuntos comerciales, aduaneros o muy técnicos, no les preocupaba que fueran gestionados por los funcionarios de Bruselas. Pero cuando lo que se discute es la política fiscal, la inmigración o los derechos laborales ya no lo quieren dejar en manos de los burócratas. Y por esto se resisten".

El poder centralizado en Bruselas ha irritado a muchos sindicatos y gremios empresariales en varios países. El Consejo de la Unión y sus órganos directrices, han adoptado decisiones políticas y económicas que obligan a los países a cambiar su legislación interna perjudicando conquistas sociales de larga data en cada país.
Hace pocos meses, el gobierno central europeo falló contra la legislación sueca en materia laboral abriendo un peligroso antecedente para la defensa de los derechos laborales.

Hace algunos años una empresa letona comenzó un trabajo en la construcción en Suecia y trajo trabajadores de su país, con los salarios y la legislación laboral de Letonia. Los sindicatos suecos organizaron un lockout a la obra, reclamando que los trabajadores extranjeros en el país debían estar regulados por la ley sueca y sus convenios laborales.

Después de algunos años, la UE falló a favor de la empresa letona, lo que habilita a que empresas de países donde los sueldos y la protección laboral son menores, llevar sus trabajadores a otros países y competir con ventaja. Además eso sería una presión para la reducción de sueldos y de la protección laboral en los países más avanzados.

La reciente decisión de los ministros de Trabajo de la Unión, y que deberá aprobarse en el parlamento europeo, habilita a extender la jornada laboral de 48 a 60 y hasta 65 horas semanales, retrotrayendo la situación a la existente en el siglo XIX, antes de los mártires de Chicago que reclamaban las 8 horas.

Decisiones centrales han obligado también a los países a privatizar y tercerizar servicios, y abandonar monopolios estatales en rubros que conllevan riesgo social, como el consumo de alcohol y el juego entre otros.

Seguir o barajar de nuevo
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete deben decidir ahora, en la cumbre de este jueves y viernes (al cierre de esta edición), si continúa o no el proceso de ratificación en los nueve países restantes. El Tratado de Lisboa necesita el sí de los 27 países miembros para entrar en vigor.

Si los Veintisiete deciden seguir adelante con la ratificación, a Irlanda sólo le queda revisar la interpretación de su Constitución o repetir el referéndum. Esa es al menos la opción que algunos líderes europeos prefieren. De lo contrario, si la cumbre decide no continuar con el Tratado, la Unión deberá seguirá funcionando con el Tratado de Niza de 2001, que mantiene el poder concentrado en la Comisión, la capacidad de veto para los gobiernos y el papel habitualmente simbólico y de oposición del Parlamento.

La justificación de la nueva Constitución -ya rechazada- y del Tratado de Lisboa, es que no es un mecanismo ágil para gobernar una Unión ampliada a 27 miembros.

Algunos expertos preven que se sancione un camino del medio, con la supresión de voto por unanimidad para algunos temas.

También preven que los países con gobiernos más afines realicen acuerdos por su cuenta mientras la UE ampliada se reduce al mercado común y a gestionar denuncias sobre la competencia. Es lo que algunos definen como "una Europa a múltiples velocidades".

El Tratado de Lisboa
El 13 de diciembre de 2007 los dirigentes de la UE firmaron el Tratado de Lisboa que venía a sustituir la fracasada Constitución europea, rechazada en plebiscitos en 2005.

Para algunos analistas, el Tratado redactado en un lenguaje complejo, lleno de modificaciones y textos incompletos, mantiene el 96% de la Constitución rechazada.

El ex presidente francés, Valéry Giscard d'Estaing, uno de los autores de la Constitución, ha subrayado la continuidad del proyecto en el Tratado de Lisboa. "Los gobiernos europeos se han puesto de acuerdo sobre los cambios cosméticos a hacer a la Constitución Europea para que sea más fácil de digerir". Según Giscard "la competencia libre y no falseada sigue figurando en el proyecto de Lisboa".

La canciller alemana, Angela Merkel y el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero también han coincidido al señalar que con "el Tratado de Lisboa" se mantiene "la sustancia de la Constitución".
Los impulsores del Tratado han difundido folletos con el resumen -que ellos consideran atractivo- del proyecto. Así destacan algunos aspectos del Tratado, ignorando otros o calificando las bondades de las reformas.

Ese resumen destaca que el Tratado crea la figura de un presidente estable de la Unión elegido por un período de dos años y medio, renovable una vez. También crea el nuevo cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, que será al mismo tiempo vicepresidente de la Comisión Europea y tendrá a sus órdenes un servicio de acción exterior.

-Modifica el sistema de votación para la adopción de las resoluciones estableciendo el sistema de "doble mayoría" que comenzará a regir el 1 de noviembre de 2014. Con este nuevo sistema crece el poder de los países más grandes. La doble mayoría se alcanzará cuando los votos favorables representen, como mínimo, el 55% de los Estados miembros y el 65% de la población.

-Desaparece el veto en 40 ámbitos de acción suplementarios, incluidos el asilo, la inmigración y la cooperación policial y judicial. El tamaño de la Comisión Europea se reducirá de los 27 actuales a un máximo de dos tercios del número de estados miembros, a partir de 2014.

-Aumenta el poder de codecisión o colegislación del Parlamento Europeo y algunos de sus decisiones pueden ser obligatorias para los parlamentos nacionales. Se establece, en los papeles al menos, un mayor papel de los parlamentos nacionales.

-Hay un reconocimiento a la iniciativa popular: un millón de ciudadanos pueden pedir a la Comisión que proponga una medida legislativa. Se reconoce la posibilidad de los estados de abandonar la Unión. También se crea un nuevo mecanismo automático de colaboración reforzada en la cooperación policial y judicial en materia penal.

Las críticas
"La versión disponible del Tratado de Reforma consta de 255 páginas. Además de 12 Protocolos y 53 Declaraciones, se incluyen en ellas los preceptos que modifican los ya extensos tratados vigentes. El resultado, más que un "minitratado" o un "tratado simplificado", es un "maxi-engorro" inaccesible incluso para los expertos. Una maraña de normas que se someterá a votación parlamentaria sin que haya tiempo apenas para su escrutinio público", escribieron hace un tiempo los abogados Gerardo Pisarello (profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona) y Jaume Asens (miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona).

Los abogados destacan que pocos órganos de la U.E siguen concentrando el poder, y son aquellos que siguen siendo los menos representativos: el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia o el todopoderoso Banco Central Europeo.

Destacan que el Tratado de Lisboa insiste en la "competencia libre y no falseada" y a la circulación ilimitada de capitales y servicios. "Ello comporta, en una Europa de 27 países, una apuesta inequívoca por las privatizaciones y por la precarización del mercado laboral -ahora bajo los designios de la flexiseguridad- así como una presión para la reducción del gasto social en los Estados. Al igual que en el Tratado Constitucional, el Tratado de Lisboa estipula que los Estados deberán "mejorar progresivamente sus capacidades militares". Sus capacidades militares, sí. Pero no sus políticas sociales o ambientales, que será casi imposible armonizar al alza y que seguirán sin contar con una fiscalidad progresiva que las financie".

Otros críticos sostienen que el Tratado apuesta a reforzar el modelo neoliberal de la Unión con el objetivo de hacerla más competitiva en el mundo, también pretende agilizar y centralizar la toma de decisiones, limitando la participación popular y potenciar la capacidad militar de la Unión para respaldar por la fuerza sus intereses en el mundo.

El grupo " Ecologistas en Acción" presentó un análisis donde consieran que el Tratado de Lisboa se firmó con tres objetivos básicos: El crecimiento económico es el gran objetivo de la UE (art. 3). El principio de competencia aparece como rector de la Unión (protocolo nº 6), y que la Unión trabajará para eliminar los "obstáculos" al libre comercio mundial (art. 10A y 188B).

La nueva estrategia de la Unión (Europa Global: compitiendo en el mundo) persigue "mantener su competitividad en el mercado mundial intensificando sus esfuerzos para crear oportunidades para sus empresas en terceros países. Para construir empresas fuertes, la UE también deberá crear un entorno más favorable a las empresas dentro de sus propias fronteras". Así, los servicios públicos quedan sujetos a las normas de la competencia (art 86 y 87).

Junto al Tratado se piensa aprobar la Carta de Derechos Fundamentales. Aunque en teoría es jurídicamente vinculante, en la práctica lo que se aplicarán serán las legislaciones de los países miembros.
Esta Carta no reconoce el derecho a tener un empleo, sino el genérico "derecho a trabajar. Además, el derecho a disfrutar con todas las garantías de una seguridad social y servicios sociales se sustituye por el "derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales".

Para la Confederación ecologista, el Tratado agiliza y centraliza la toma de decisiones en la Unión Europea ya que: los países más ricos (Alemania, Francia, Reino Unido) tendrán más peso. La Unión Europea tendrá personalidad jurídica, con lo que podrá firmar tratados de libre comercio sin que pasen por la aprobación de los Parlamentos nacionales, por ejemplo.

Se reducen los ámbitos en los que los estados tienen derecho de veto. Se aumentan los ámbitos en los que las decisiones se tomarán en los órganos de la Unión Europea, y no a nivel estatal.
Aunque el Parlamento Europeo ha aumentado sus funciones, sigue cumpliendo un papel subalterno frente al Consejo y la Comisión, que mantienen la mayoría del poder legislativo y ejecutivo. A su vez, el Banco Central Europeo no tiene ningún control político.

Se afirma la libre circulación de la ciudadanía europea (art 18), dentro del marco de cierre de fronteras a la inmigración exterior.

Sin embargo, fruto de las presiones de la ciudadanía, se crean herramientas nuevas, pero limitadas, de participación popular, como son la posibilidad de una iniciativa ciudadana (sólo sobre la aplicación de los Tratados aprobados, y tras recoger más de un millón de firmas en un número significativo de estados miembro) (art. 8B) y cierta capacidad de veto a los Parlamentos nacionales (art. 33-3).

El Tratado refuerza el poder militar de la Unión con el aumento de los gastos militares (art 27-3). También se potencia la pertenencia a la OTAN (art 27-7), y se apoyan los "ataques preventivos" en cualquier lugar del planeta (28).