escribe Ernesto Tamara

En los tres países en que se iniciaron o se anuncian cambios profundos, sus gobiernos electos democráticamente y con amplio respaldo de los sectores más desposeídos, emprendieron el camino de la reforma constitucional para garantizar esos cambios. Las oligarquías locales, y sus socios externos, temerosos de perder poder, se resisten a modificar las leyes fundamentales que definen la estructura del aparato del Estado, las relaciones de poder, el modelo económico, y la división del poder político de los ciudadanos, aunque en su momento esos mismos sectores modificaron la Constitución para defender sus intereses.

Una de las características de las modificaciones constitucionales en Venezuela, Bolivia y Ecuador, es la incorporación ratificación de la participación ciudadana a diferentes niveles, y no ya sólo reducida a elegir sus representantes en el gobierno cada tantos años. Una participación que incluye la posibilidad de revocar el mandato de los cargos electos antes de concluir sus mandatos, participación en la discusión de los presupuestos del Estado, poder de decisión en la prioridad del gasto, y en el control de los mismos.

Aunque los tres procesos sostienen que se encaminan hacia un nuevo tipo de socialismo, no rompen con el modelo capitalista, pero definen e impulsan formas de propiedad social. Además, las reformas propuestas garantizan derechos de los trabajadores largamente reclamados, e impulsan la descentralización y control ciudadano.

Los gobiernos progresistas o populistas, a lo largo de la historia latinoamericana han encontrado frenos en la estructura del Estado, en las instituciones, y hasta en los funcionarios de ese aparato estatal. Leyes, organigramas del poder, mecanismos de control interno, han sido diseñados por las oligarquías dominantes para que quién gobierne esté limitado en su accionar.

Por ejemplo, en Venezuela, el gobierno debió crear las llamadas "misiones" para realizar una labor social que el aparato del Estado no hacía. Toda una estructura paralela de educación y salud, por mencionar sólo dos aspectos, que pudiera saltearse las trabas de un aparato estatal caduco y al servicio de los privilegiados.

En Bolivia, el gobierno no puede aún crear una pensión a la vejez, que atienda a los adultos mayores necesitados, por la oposición enquistada en las estructuras locales de poder.

El poder en las estructuras del Estado

En las últimas décadas, los gobiernos conservadores han ido modificando la Constitución de sus países para frenar a la oposición, aferrarse al poder, o seguir las directrices de los centros de poder extranjeros, por ejemplo, habilitando las privatizaciones de empresas públicas, reduciendo la injerencia del Estado en la economía y en la prestación de servicios.

Así, las llamadas cartas magna, leyes fundamentales de la nación, etc., han servido para perpetuar el poder de unas minorías, sea cual sea el color político del partido de gobierno.

En la década de los 80, la derecha norteamericana elaboró planes de gobierno y estrategias a largo plazo que los entonces presidentes Ronald Reagan y George Bush llevaron a la práctica. Las entonces denominadas "Doctrinas de Santa Fé I y II" elaboradas por un grupo de intelectuales y políticos, sostenían que la apuesta del gobierno de Estados Unidos para controlar la región, en un momento en que las dictaduras militares se caían, era a través del control efectivo de los mecanismos de poder que persisten pese a los cambios de gobierno.

Así se incentivaban los lazos con las instituciones permanentes de los Estados, el ejército, la policía, los poderes judiciales, los políticos tradicionales, y el reforzamiento de las leyes que garantizaran el status quo.

La Doctrina de Santa Fé II, hasta admitía la posibilidad de aceptar gobiernos de partidos que no eran afines a Estados Unidos, siempre que el marco legal, constitucional, fuera el mismo, ya que tenía la certeza de que limitados por las leyes constitucionales, la estructura del aparato de Estado sin modificar, poco podían hacer para cambiar las cosas.

En el documento se decía textualmente: "Debemos prestar atención a las vulnerabilidades del régimen democrático. Nuestro concepto de régimen significa tanto el gobierno temporal como el permanente. En la democracia, el gobierno temporal es el oficialmente elegido. El gobierno permanece son las estructuras institucionales que no cambian con el resultado de las elecciones: la institución militar, la judicial y la civil.

Para ser democrática la sociedad debe apoyar un régimen responsable de esa democracia. Esto nos lleva a una mayor comprensión de la verdadera naturaleza del estatismo".

En ese sentido recomendaba "Los Estados Unidos no pueden preocuparse sólo de los procesos formales democráticos sino que deben establecer programas para apoyar la democracia en las instituciones permanentes en las instituciones militares y la cultura política".

Asimismo establecía que "Construir un régimen democrático requerirá de ir más allá de la forma de la democracia (las elecciones) y de proveer , cuando sea posible, los medios para consolidar las instituciones democráticas locales: sindicatos, grupos empresariales independientes, asociaciones comerciales y organizaciones educativas", que por supuesto compartan las ideas de Estados Unidos sobre la organización de la sociedad.

También se recomendaban las privatizaciones en la región. Por ejemplo se sostenía que "los Estados Unidos deberían alentar, a través de programas tanto privados como estatales, el desarrollo de la empresa privada en América Latina e intentar acelerar el desmantelamiento de industrias para estatales".

El documento que temía todavía la influencia soviética en la región, recomendaba otras acciones pero insistía siempre en asegurar lo que definian como "un capitalismo democrático".

Tras la caída del sistema socialista europeo, los ideólogos derechistas se sintieron en la cumbre y aseguraron que se llegaba al "fin de la historia" con el capitalismo reinando eternamente.

En los últimos años han profundizado las ideas originales y resuelto exportar el modelo de capitalismo a todo el mundo, con el añadido de presentar a algunos países musulmanes como enemigos del sistema.

Mientras el presidente George Bush se concentraba en el petróleo de Oriente Medio y emprender la guerra contra el terrorismo, bajo la doctrina de choque de civilizaciones, los pueblos latinoamericanos han comenzado liberarse de esquemas y han emprendido una camino novedoso para conquistar su segunda independencia.

Las reformas de la derecha

Ahora desde la derecha se cuestiona que gobiernos progresistas, populistas, o de izquierda pretendan modificar la Constitución de sus países y establecer nuevas normas para el desarrollo de la democracia y de promoción de la justicia social.

Las modificaciones a la Constitución no han sido un invento de los gobiernos progresistas. Más bien por el contrario. Las oligarquías dominantes modificaron decenas de veces la Constitución de sus países para extender y ampliar su poder, o para impedir que la izquierda, o sectores progresistas, llegaran al gobierno.

Sólo por mencionar algunos ejemplos debemos recordar las modificaciones constitucionales en Uruguay, en 1966 que abrieron el camino a los gobiernos totalitarios, el intento de reforma constitucional de 1971 que introducía la reelección, y la modificación de la Constitución de 1996 que introdujo el balotaje e impidió la victoria electoral de la izquierda en 1999.

Uruguay también es rico en otras modificaciones e intentos de modificación constitucional. Quizás uno de los más recordados sea el fracaso de la dictadura militar al plebiscitar una nueva Constitución en 1980. Allí el pueblo, sin casi medios de expresión, derrotó el intento de los militares.

Una experiencia similar ocurrió en 1994, cuando otra reforma Constitucional, con respaldo de casi todos los partidos políticos, fue rechazado por el pueblo.

La dictadura de Augusto Pinochet en Chile dejó una modificación constitucional que aún perdura, y que impide el acceso de los partidos de izquierda minoritarios al parlamento, y que mantiene senadores vitalicios. Otro intento de modificar la Constitución emprendido por el ex dictador, también fue derrotado por el pueblo en 1990.

Colombia también ha reformado varias veces su Constitución para reafirmar el poder de la clase dominante en el país, y tampoco descarta una nueva modificación para reelegir nuevamente al presidente Alvaro Uribe.

Recién ahora las fuerzas de izquierda, que insisten en impulsar los cambios a través de las reglas de juego heredadas, comienzan a plantearse la necesidad de cambios constitucionales que habiliten las nuevas formas de poder popular, de participación y control ciudadano.