escribe Emilio Marín

Los directivos suecos de Skanska han admitido que su filial argentina pagó "comisiones indebidas" y suspendió su participación en licitaciones públicas porque éstas le impondrían una violación de su "código de ética". La tormenta sueca empieza a soplar.

El escándalo de la constructora sueca ha echado a andar y puede salpicar política y personalmente a varios funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner. En particular al ministro de Planificación Federal toda vez que la licitación cuestionada debió ser controlada por tres dependencias propias: el Enargas de Fulvio Madaro, la secretaría de Energía de Daniel Camerón y la secretaría de Obras Públicas de José López. Para colmo de males para el ministro, el cuarto funcionario y único que hasta ahora testimonió en el juzgado es Néstor Ulloa, gerente de Nación Fideicomiso. Esta herramienta también es usada y monitoreada por Planificación para financiar determinadas obras públicas.

Por supuesto, hasta ahora son sospechas, que la oposición de centro derecha (Elisa Carrió) y de derecha (Mauricio Macri y Ricardo López Murphy) ya convierten en certezas absolutas antes que la justicia emita su dictamen. Estos líderes acusan a De Vido con nombre y apellido; la matrona de la Coalición Cívica es la más explícita en mentar al ministro como "el cajero" de Kirchner. De ese modo queda claro que su adjudicación de culpas no termina en el ministro sino que involucra directamente al presidente de la Nación.

¿Cómo es la historia de marras?

Skanska es una de las mayores empresas constructoras del mundo, una multinacional con sede central en Suecia. Se presentó a la licitación pública organizada por Planificación para la ampliación del Gasoducto Norte y el Gasoducto Patagónico. En ambos casos ganó parte de la obra: en el primero se adjudicó la planta impulsora de Deán Funes, Córdoba. Sus cotizaciones fueron consideradas elevadas por la Transportadora de Gas del Norte, dominada por Techint, que informó a Enargas de un sobreprecio del 152 por ciento en el monto ofertado por los suecos.

Se hicieron dos licitaciones más, a raíz de esa objeción, y aún así Skanska aparecía con la mejor cotización, que seguía siendo elevada. Al final Enargas autorizó la obra, según alega ahora porque TGN-Techint no le garantizaban una mejor oferta ni siquiera con contratación directa y porque se venía un cuello de botella en la provisión gasífera. Sean estos motivos valederos o no, lo cierto es que al final Skanska hizo la planta de Deán Funes y cobró lo suyo. La diferencia con la cotización correcta era de 17 millones de pesos, por este trabajo y en el del Sur, donde trabajó la constructora brasileña Odebrecht. La Transportadora del Gas del Sur está dominada por Petrobras (antes tuvo participación la vaciada estadounidense Enron).

Y vaya coincidencia, esa misma suma es la que misma que se habrían pagado en coimas, según denuncias a la justicia. Los destinatarios de las mismas no están identificados, pero los indicios serían: TGN y TGS, funcionarios públicos y mismos directivos de la multi sueca para que no hablen de más, luego que la olla destapada llegó a Tribunales.

Mucha plata en danza

La punta del ovillo empezó a tironearla la AFIP, que tenía bajo la lupa a varias empresas que evadían impuestos comprando facturas de Calibán, devenida luego en Infiniti, una firma fantasma cuyo gerente era Adrián López. Cabe aclarar que la constructora sueca no fue la única que adquiría facturas truchas para evadir impuestos y otros fines non sanctos, pues la lista que AFIP puso en manos del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart estaba integrada por Aeropuertos Argentina 2000, Banco Galicia, Banco Macro-Bansud, Coviares-Grupo Roggio, Wal Mart, Easy y varios jugadores de primera línea en el mercado local.
Cuando López Biscayart imputó a López, de Infiniti, surgió la hipótesis de que no se trataba de una mera evasión, delito de por sí grave aún en este país de capitalistas evasores. Había algo más: con las 118 facturas entregadas por ese sello de goma, Skanska había justificado la salida de dinero, quizás para sobornar a elementos de las empresas contratistas (TGN y TGS) y posiblemente a funcionarios.

El apoderado de los suecos en Buenos Aires, ante el magistrado, deslizó en su descargo que quien le había aconsejado arreglar con Infiniti había sido Néstor Ulloa, de Nación Fideicomiso. Es un contador jujeño aportado al equipo kirchnerista por el también kirchnerista gobernador Eduardo Fellner.

Quien fue hasta el 26 de octubre de 2006 el director financiero de la firma sueca para América Latina, José Alonso, escribió diez días de ser despedido de su cargo un email a sus superiores en Estocolmo, donde puntualizaba que él se había opuesto a esos pagos ilegales, dándolos por efectuados.

Su desagregado era así: "sobornos de 5 millones de dólares (TGS-TGN), y de 10 millones de dólares (Electroingeniería, operación abortada), retornos (negocios personales) por cerca de 5 millones de dólares (1,6 millones más 3,4 millones)". Después de esta comunicación, Alonso fue despedido. El mismo fin tuvieron otros siete directivos de Skanska en Argentina, a los que se habría pagado en total 4,6 millones de billetes con la cara de George Washington para que sellaran sus labios cuando fueran convocados a Tribunales.

Este affaire comenzó a menearse en los medios de comunicación, tras las primeras actuaciones de López Biscayart por denuncia original de la AFIP. Posteriormente se colgó allí el PRO de Mauricio Macri por medio del diputado Esteban Bullrich, que vio la posibilidad de hacer pagar un costo político al oficialismo. En paralelo, el diputado del ARI, Adrián Pérez, hizo una denuncia similar ante el juzgado federal de Guillermo Montenegro, que desde entonces disputa con el otro magistrado la competencia. Aparentemente la Cámara de Apelaciones en lo Penal Tributario fallaría a favor de que la investigación pase a la órbita federal.

Lo que dicen Skanska y el gobierno

Con las denuncias de AFIP y el juzgado de López Biscayart, más la declaración y detención de López, gerente de Infiniti, a Skanska no le quedó más remedio que hacer una auditoría interna. Y el resultado fue que se habían pagado "comisiones indebidas" y violado el Código de Etica que supuestamente orienta a la compañía.

De allí que su Director de Recursos Humanos, Bernardo Hopital, declaró a los medios que la firma se retiraba de los concursos organizados por el gobierno argentino, incluso de licitaciones con firmas privadas ligadas a aquél. Es que tal intervención entraba en colisión con el mencionado Código de Etica. Así terminó de confirmarse que existió el pago de "retornos", eufemismo del más criollo vocablo de "coimas".

Lo que sigue en debate es quiénes percibieron los dineros en cuestión, que pueden ser los 17 millones de pesos o bien sumas más altas según la descripción de Alonso. Para Carrió, López Murphy y Macri, no hay ninguna duda que el caso compromete en directo a De Vido y Kirchner.

El diputado Pérez escribió en Noticias que el affaire "develará la matriz de gestión de los negocios públicos y privados del kirchnerismo", dando por sentado que "los sobreprecios de la obra pública vuelven a los funcionarios kirchneristas en forma de coima". En su columna de opinión aseguró que se está ante un caso de extrema gravedad, similar al de la estafa del contrato IBM-Banco Nación durante el menemismo.

Semejantes apreciaciones tendrán que ser probadas o no por la justicia, sea en el juzgado de López Biscayart o en el de Montenegro, según se resuelva la competencia.

La línea argumental del gobierno, expresada en un escrito de uno de los abogados de la cartera de Planificación, fue que la obra de ampliación de los dos gasoductos fue un emprendimiento de empresas privadas y financiada con dineros privados pertenecientes a un fideicomiso.

Si así fuera, el chanchullo sería cuestión de las empresas nacionales y extranjeras intervinientes. El escándalo envolvería a firmas de primer nivel como TGN, TGS, Techint, Repsol-YPF, Petrobras, Odebrecht, Skanska, etc., lo que tendría que servir para conocer mejor el modus operandi de los monopolios.

Pero aún en caso que el PEN demuestre que no hubo funcionarios coimeados ni dineros públicos desfalcados, tampoco obtendría una buena nota. Es que semejante negociado privado se habría consumado sin que Enargas, la secretaría de Energía y la de Obras Públicas, Nación Fideicomisos y Planificación Federal movieran un dedo para frustrarlo.