Estados Unidos convocó por tercera vez desde enero una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la cuestión Venezuela. Su objetivo esta vez era lograr que Juan Guaidó
fuera reconocido como presidente interino del país. El objetivo fue planteado por el vicepresidente
norteamericano, Mike Pence, como primer gobierno en tomar la palabra: «ha llegado el momento
que las Naciones Unidas reconozcan a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela,
y sentar a su representante en este órgano».
El diagnóstico sobre el cual construyó su pedido fue el reconocimiento de la Asamblea Nacional como única institución legítima, y Guaidó como presidente hasta nuevas elecciones. Sobre eso trazó la narrativa en la que busca apoyarse Estados Unidos para justificar sus nuevos ataques: «Venezuela es un Estado fallido, tal y como nos enseña la historia, los Estados fallidos no tienen límites: terroristas, narcotrafi-cantes e incluso Hezbolá están aprovechando para asentarse allí». Ambos argumentos eran conocidos.
Así como se anticipaba que esa sería la posición norteamericana, también otras decisiones de gobiernos parecían definidas como en las reuniones anteriores. Tal fue el caso de la Federación de Rusia, que, a través de su embajador ante el Consejo, Vasily Nebenzia, se opuso a la «injerencia de Estados Unidos en otros Estados», denunció los ataques sobre la economía, el robo que se le realiza a Venezuela por diversas vías, y el cinismo norteamericano «porque por un lado se les agarra del pescuezo con sanciones, pero al mismo tiempo hablan de una asistencia internacional (…) La situación política solo podrá resolverse mediante un diálogo nacional, pero Guaidó no está dispuesto a esto porque no ha recibido instrucciones en ese sentido», afirmó.
El gobierno de la República Popular China también abogó por un diálogo entre partes: «China se opone a la intervención militar en Venezuela, y al uso de la ayuda humanitaria con fines políticos. Las sanciones unilaterales solo exacerbarán la vida cotidiana de las personas, y no llevarán la paz al país», afirmó el embajador Ma Zhaoxu.
Varios países compartieron una postura común, como Francia, Alemania, Reino Unido, quienes ratificaron el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado, y afirmaron que, «como presidente interino en pleno respeto de la Constitución, podría organizar comicios libres y transparentes». Una solución en la línea del Grupo Internacional de Contacto, con el desconocimiento de Maduro y una resolución diseñada desde el exterior.
Venezuela, en voz del embajador Samuel Moncada, denunció el ataque diseñado y aplicado desde EE.UU., con la «destrucción económica deliberada, la agresión con uso de instrumentos financieros, presiones indebidas, uso de posición dominante en los mercados». La solución, afirmó, «no debe ser intervencio-nismo o donaciones por parte de los criminales, ni conferencias de donantes que ocultan el saqueo cometido; debe ser devolución del dinero, cese del bloqueo, cese de los sabotajes a nuestras infraestructuras, cese de la amenaza de intervención militar».
El resultado final fue el que era predecible: similar a las dos reuniones anteriores, sin acuerdo posible, con bloques alineados sobre las mismas posiciones. La reunión convocada por EEUU parece haber sido para mantener el tema en agenda internacional, profundizar la narrativa en torno a la crisis humanitaria y el Estado fallido. No era posible llegar al resultado alcanzado el martes en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde por 18 votos a favor fue reconocido el enviado por Guaidó en lugar del representante de Venezuela. Una victoria «pírrica» que socava la institucionalidad de la OEA, así la calificó el canciller de México, Jorge Lomónaco.
Durante el día, mientras se desarrollaba el Consejo de Seguridad, la derecha venezolana había convocado a la segunda jornada de la «operación libertad», con puntos de protesta en diferentes partes de la capital y del país. El resultado fue una nueva confirmación de la tendencia al descenso en la capacidad de convocatoria de la oposición alrededor de la figura de Guaidó, la incapacidad para construir una expectativa que logre entusiasmar a la población opositora. El mensaje ha entrado en zona de crisis, en particular por la distancia entre lo prometido y la traducción en hechos concretos.
Los próximos pasos en la agenda norteamericana están marcados por la visita que hará Mike Pompeo a Chile, Paraguay, Perú y Colombia –incluida la ciudad fronteriza de Cúcuta– el día domingo. Pompeo, quien repitió que «el régimen de Maduro representa una amenaza para Estados Unidos», buscará acuerdos del orden de las sanciones económicas y el aislamiento diplomático. La posibilidad de la salida a través de la intervención ha quedado fuera de las posibilidades planteadas por todos los aliados de EE.UU.
Tal fue el caso en España, donde Elliot Abrams se reunió el pasado miércoles con representantes del ejecutivo, como José Manuel Albares, asesor diplomático del gobierno, y Juan Pablo de Laiglesia, secretario del Estado español en cooperación internacional, quienes manifestaron «la necesidad de una salida democrática a la gravísima crisis que sufre el país» y que «la actual situación en el país caribeño requiere una solución política, pacífica y democrática que excluya categóricamente el uso de la fuerza».
En ese contexto de dificultad de la estrategia golpista de encontrar pasos de avance, el gobierno de Venezuela afianzó públicamente su trabajo de cooperación en una reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Su presidente, Peter Maurer, señaló la voluntad de avanzar en el trabajo conjunto, desde la perspectiva de un plan de ayuda que sea apolítico, neutral, sin adentrarse en definir el carácter o no de «crisis humanitaria» en el país. Las zonas priorizadas serán Caracas, la frontera con Colombia y el estado Bolívar, fronterizo con Brasil.
El trabajo conjunto entre el gobierno y la Cruz Roja resulta importante por dos dimensiones centrales: la primera, construir respuestas a dificultades que existen en el país, tal como se ha hecho en cooperación con el gobierno de China quien, el 29 de marzo, hizo llegar un cargamento de 65 toneladas de medicinas al país. En segundo lugar, porque quita una carta a la narrativa de la derecha, que afirma que el gobierno estaría bloqueando todo tipo de ayuda social. Y el problema de la derecha es su falta de cartas luego de tres meses de iniciado el nuevo mandato de Maduro que ya no reconocen como presidente. Parecen haberse quedado sin movimientos que dar. Por eso Pompeo, Abrams y Pence han asumido nuevamente la delantera pública.
Marco Teruggi