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El gobierno griego dio hoy luz verde al programa de movilidad de ocho mil 100 servidores públicos, lo que supone pasar a una reserva laboral con parte del sueldo y el despido si en dos cuatrimestres siguen sin reubicar.

Según los informes presentados por el ministro de Reforma Administrativa, Kyriakos Mitsotakis, las listas con los nombres de los funcionarios afectados se están confeccionando en base a las plantillas de las 17 carteras del gobierno y se darán a conocer el 20 de septiembre.

La decisión hace que el número total de empleados públicos colocados en el esquema de movilidad alcance a 12 mil 500 trabajadores, tras la decisión de julio que incluyó a cuatro mil 400 profesores, vigilantes escolares y conserjes.

Además de los insertados en este programa, dos mil funcionarios públicos deben ser despedidos antes de final de año y otros 11 mil más en 2014.

Mitsotakis calificó el plan de herramienta positiva que conducirá a una racionalización de la fuerza de trabajo en el sector público y explicó que una parte de los trabajadores designados en la primera fase habían sido trasladados a otros departamentos donde había necesidades.

También Evangelos Venizelos, viceprimer ministro y líder del Pasok, hizo hincapié en la necesidad de desconectar la figura de la movilidad de los despidos, que la muestra como una transferencia de personal de unas instituciones a otras.

Enfatizó que cambios estructurales y reformas debían aplicarse con determinación para tener éxito.

Quien no comparte esa visión es la Confederación de Empleados Públicos (Adedy), cuya dirección se reunió también hoy para concretar el programa de movilizaciones contra "el despido de decenas de miles de funcionarios públicos".

El sindicato acusó al gobierno de desmantelar por completo los servicios públicos, con especial dureza en la Educación, la Salud y las Administraciones locales, y de poner en práctica cualquier exigencia de los acreedores internacionales.

La primera de las convocatorias de protesta en el sector público tendrá lugar el miércoles, llevándose a cabo una huelga de 24 horas en la administración y una manifestación por las calles de la capital.

A su vez, uno de los sectores afectados por los despidos, el de la sanidad, comenzó a organizar asambleas de trabajadores en todos los hospitales y centros de salud del país con el fin de concretar la celebración de una huelga de 48 horas que tendría lugar el jueves y el viernes de la presente semana.

Por su parte, el principal partido opositor Syriza consideró que con esta medida el gobierno da el golpe de gracia al sector público y los servicios sociales.

Los cierres y fusiones de estructuras públicas, los despidos y las condiciones laborales precarias para los trabajadores "no son una reforma o la racionalización del Estado" sino su desguace, añadió.