Una ola desmesurada de migrantes menores de edad ha cruzado la frontera desde México con la idea de iniciar una nueva vida en Estados Unidos.

El gobierno federal no estaba preparado para enfrentar tal cantidad de personas. Las condiciones de detención de los miles de niños y jóvenes han sido escandalosas por el hacinamiento y la precariedad en la que se encuentran. Y el fenómeno continúa: se dice que la cifra podría alcanzar los 70.000 y, de acuerdo a un informe de la televisora NBC, el gobierno federal estima que este año la cantidad de niños que serán detenidos en la frontera podría llegar a los 90.000.

Huyen de la violencia

La mayoría de estos niños provienen de Centroamérica, en especial, según cifras de la CBP, de Honduras y El Salvador, de México y otras nacionalidades. La violencia, la pobreza y la desesperanza que cunde en sus lugares de origen los ha impulsado a hacer el viaje, terrible e incierto, desde sus países, a través de México y hasta la frontera, en Texas, donde se ha realizado generalmente su cruce.

Un reportaje de Frances Robles en ‘The New York Times’ señala que en Honduras, por ejemplo, el asesinato de niños de entre 10 y 14 años se duplicó entre 2008 y 2012, mientras que en El Salvador el homicidio de menores de 17 años creció 77% entre 2011 y 2012. A estas cifras hay que añadir los casos de lesiones, amenazas, coerción, intimidación y demás que sufren los menores en esos países a manos, según los medios, de las pandillas criminales que allí campean impunemente. En este sentido, la incapacidad de los gobiernos de esos países centroamericanos de frenar al crimen organizado es otro factor que ha contribuido a que las familias decidan arriesgar a sus hijos en el largo viaje hasta Estados Unidos. Pero los peligros del cruce no parecen menores: en Guatemala, Honduras y El Salvador, los niños migrantes se hallan a merced de las pandillas que los amenazan, reclutan, persiguen o asesinan.

La odisea de los migrantes centroamericanos

Van en busca del “sueño americano”. Indocumentados y equipados con escasas pertenencias, se arriesgan a atravesar México para huir de la pobreza y la violencia en sus países (Honduras, El Salvador y Guatemala fundamentalmente). En el llamado Triángulo de la Muerte los índices de homicidios están entre los más altos del mundo. En 2012, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Honduras encabezaba la lista con 90,4 muertes por cada 100.000 habitantes, El Salvador registraba 41,2 y Guatemala 39,9. Pero la travesía está llena de peligros: secuestros, extorsiones, maltratos, deportación, lesiones físicas y sicológicas e incluso la muerte. La fotorreportera Michelle Frankfurter, con más de 20 años de experiencia en la región, ha documentado la odisea. El resultado es “Destino”, un conmovedor relato de las vivencias de estos viajeros que lo arriesgan todo por un futuro mejor.

No todos vienen de Centroamérica. Una cantidad sustancial, unos 12.614 menores, han cruzado desde México en el presente año fiscal 2014. Pero, generalmente, los niños indocumentados de origen mexicano son regresados a su país de origen al poco tiempo de ser detenidos en la zona fronteriza en Estados Unidos. En cambio, con la aprobación de la ley de protección de víctimas de tráfico humano TVPRA de 2008, los menores centroamericanos son entregados por las autoridades migratorias al Departamento de Salud y Servicios Humanos, en tanto se dilucida su futuro en las cortes de Inmigración. Y es justo en ese proceso donde el sistema legal se ha venido abajo con la crisis, pues el gobierno federal no cuenta con instalaciones ni empleados suficientes para albergar adecuadamente a esos menores, y tampoco cuenta con el aparato legal necesario para que sus casos puedan ser analizados y decididos en una corte de Inmigración.

Un sistema roto

Sea como sea, una vez que llegan a Estados Unidos y son detenidos, los niños entran a un nuevo calvario, en parte por las características mismas del sistema de inmigración actual como porque las autoridades federales no estaban preparadas para afrontar una ola humana de tal magnitud. El resultado es el hacinamiento en el que se mantiene a muchos de esos inmigrantes, pues los centros de detención o albergue primarios, e incluso otros como la base Lackland, en San Antonio, están a tope ante la oleada de menores.

Y la Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que a partir de la ley de 2008 tiene como responsabilidad proteger a esos menores, reunirlos con sus familiares en Estados Unidos o colocarlos en albergues u hogares temporales en tanto se define su futuro en una corte de Inmigración, tampoco da abasto.

Según datos de NBC, la ORR procesaba un promedio de 7.000 y 8.000 casos entre 2005 y 2011. Este año ya tiene más de 50.000 y el número sigue creciendo. Por ende, la administración federal no sólo sufre para mantener a los niños detenidos en la frontera, sino también para cumplir con su obligación de protegerlos en tanto se definen sus casos de inmigración, lo que hace que muchos menores permanezcan detenidos en condiciones inhumanas por mucho más tiempo.

Por añadidura, si bien la ley concede a esos menores el derecho a que su caso sea revisado en una corte de Inmigración, estas instancias se encuentran sobresaturadas. Según datos obtenidos por la Universidad de Syracuse, existen 360.000 casos de inmigración pendientes de ser revisados en las cortes, y las condiciones actuales del sistema no permiten que ese retraso sea remediado en el corto plazo. Muchos de los menores deberán esperar meses, o más, antes de de que su caso sea solucionado.

Presupuesto de emergencia

El presidente Barack Obama pidió al Congreso $3.700 millones para atender la crisis por la llegada masiva de niños indocumentados a la frontera. Una considerable proporción de ellos, $1.800 millones, será para ampliar la capacidad de ORR de atender a los menores; $1.100 millones serán para incrementar las capacidades de detención y transporte de inmigrantes detenidos, otros $433 millones para costos adicionales de CBP, y unos $64 millones para contratar más jueces y abogados de inmigración y ampliar las capacidades de las cortes en la materia y de la asistencia legal a los menores.

Finalmente, $300 millones irían a asistencia para repatriar y reintegrar a los menores a sus países de origen y ayudar a sus gobiernos. Además, según fuentes diversas retomadas en los medios, el presidente Obama estaría pidiendo al Congreso autoridad adicional para deportar de modo más expedito a los menores, lo que implicaría en la práctica eludir la ley del 2008 y no conceder a los niños ser atendidos por la ORR ni recibir una audiencia oportuna para presentar sus casos.

El proceso

Según organizaciones civiles y humanitarias, muchos de los niños indocumentados detenidos provenientes de Centroamérica califican par algún tipo de alivio humanitario, ya sea bajo el estatus de asilo o visas especiales para víctimas de la violencia o del tráfico humano. Pero el vocero de la Casa Blanca dijo que la “mayoría” de esos niños no calificarán para alivio humanitario y serán devueltos a sus países.

¿Cuál es el futuro de los miles de niños que han cruzado y cruzarán a Estados Unidos desde Centroamérica? Por lo pronto la respuesta es una incertidumbre profunda en lo jurídico, y un considerable malestar físico y moral en los centros de detención, albergues y otros espacios en tanto se define su caso. Muchos, ciertamente, serán deportados y quizá reemprendan de nuevo el peligroso viaje de vuelta a Estados Unidos. Otros, sin que haya manera de saber cuántos, lograrán quedarse en el país de modo provisional o permanente.

Jesús Del Toro