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El movimiento cívico global Avaaz y la Asamblea de Malvinas Argentinas (Córdoba, Argentina) presentaron un compilado con las opiniones de siete destacados juristas nacionales confirmando que, según la legislación vigente, la multinacional Monsanto queda inhabilitada legalmente para construir su proyectada planta acondicionadora de semillas transgénicas.

Según los expertos consultados, el rechazo del estudio de impacto ambiental asociado a la instalación mencionada, el pasado mes de febrero, pone fin a la vía administrativa tal y como recoge el artículo 20 de la nueva Ley N° 10.208 de Política Ambiental Provincial. Aprobada el mes pasado, la nueva legislación prohíbe expresamente la presentación de documentación relativa a un mismo proyecto con el fin de ser re-evaluada. Así, la corporación estadounidense no puede presentar el mismo proyecto por segunda vez.

Ante el eventual envío de una nueva propuesta por parte del gigante de la biotecnología, los expertos advierten asimismo que las autoridades cordobesas podrían incurrir en responsabilidades civiles y penales por el mero hecho de aceptarlo a trámite.

Entre las opiniones recogidas, se destacan las siguientes:

Carlos Enrique Arcocha, Profesor Titular de Derecho Ambiental; Matias de Bueno, profesor de Derecho Ambiental, Universidad Nacional de Rosario: “La nueva Ley Ambiental Provincial es de orden público por lo que prevalece sobre toda norma en contrario. Además, al estar incorporada dentro del marco normativo ambiental vigente en la Provincia, no cabe plantear problema alguno de retroactividad. Es nuestra opinión que la empresa Monsanto Argentina SAIC no puede presentar nuevo Estudio de Impacto Ambiental del mismo emprendimiento, objeto, tiempo y lugar. En caso de habilitación por parte del Poder Ejecutivo provincial y/o de la Autoridad de Aplicación, podría incurrirse en abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos contemplados en el art. 248° del Código Penal”.

Daniel Sallaberry, abogado ambiental reconocido nacionalmente por el caso Mendoza-Riachuelo: “¿Que si Monsanto se encuentra en condiciones legales de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental? La respuesta, definitivamente es no. En materia de otorgamiento de licencias ambientales de actividad no existen derechos adquiridos. Tampoco puede ampararse en el principio constitucional universal de la irretroactividad de las leyes. Las normas que tutelan nuestro ambiente son operativas, de orden público y de aplicación obligatoria e inmediata desde su entrada en vigencia. Es dable concluir que sería jurídicamente inviable para Monsanto una nueva presentación en ese sentido, sin perjuicio de que no descarto que igualmente la efectúe”.

Anibal Faccendini, jurista ambiental y titular del Pacto Público del Agua: “El artículo 20 de la ley 10.208 no establece dudas: ‘Entiéndese por Licencia Ambiental al acto administrativo de autorización emitido por la Autoridad de Aplicación como resultado de la Evaluación de Impacto Ambiental. Todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la Autoridad de Aplicación, no puede presentarse nuevamente para su evaluación…’. Tal es el caso de Monsanto. Por todo ello, resulta remota la viabilidad legal de otra presentación que haga la empresa Monsanto. Respecto a los artículos 248 y 249 del Código Penal, sobre abuso de autoridad y omisión de los deberes públicos, hay elementos atractivos que hacen sostenible una presentación de investigación para que el Fiscal investigue y determine”.

Con motivo de la presentación de este informe legal, Luis Morago, Director de Campañas de Avaaz, comentó:

“Este nuevo mazazo legal debería ser suficiente para ponerle fin a este dramático culebrón. Si a Monsanto no le bastaba con la abrumadora oposición ciudadana y el rechazo oficial de su proyecto original, hoy le toca lidiar con un insalvable obstáculo. La ley es clara: ni caben segundas oportunidades para la multinacional, ni se puede actuar impunemente por encima de la ley. Todas las miradas se dirigen ahora a las autoridades locales y provinciales, quienes deben respetar la ley y acabar con este conflicto de una vez por todas.”

Avaaz, un movimiento ciudadano con más de 38 millones de miembros a nivel global, ha venido apoyando a los vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas, en su lucha por ser escuchados por las autoridades en sus reclamos contrarios a la instalación de la planta. Más de un millón de miembros de Avaaz le han pedido al intendente de esa localidad, Daniel Arzani, que detenga los planes de la multinacional norteamericana, en una campaña que ha incluido avisos publicitarios en diarios locales y una avalancha de más de 7 mil mensajes telefónicos a las autoridades locales y provinciales.

El proyecto de Monsanto sufrió un revés judicial en enero pasado, cuando la Justicia de Córdoba detuvo la construcción de la planta hasta tanto las autoridades gubernamentales aprueben su estudio de impacto ambiental, y en febrero las autoridades lo rechazaron denunciando graves inconsistencias técnicas en el proyecto.

Las opiniones recogidas en el informe coinciden de manera unánime en señalar que el artículo 20 de la nueva Ley N° 10.208 de Política Ambiental Provincial cierra definitivamente las puertas a Monsanto, al quedar inhabilitada para volver a poner en discusión su proyecto en la localidad cordobesa, confirmando la tesis inicial elaborada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que emitió un dictamen en ese sentido a principios de julio.

Se impone en Guatemala

La privatización de las semillas –Ley de Semillas o Ley Monsanto– es resistida en todos los países de Nuestra América y los resultados son diversos: en Argentina aguarda filtrarse en el tratamiento legislativo, en Chile fue derribada y en Costa Rica obtuvo su aprobación. En Guatemala, la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales –tal su nombre oficial–, triunfó de modo sigiloso y sin debate tras el acuerdo entre el gobierno y las corporaciones del agronegocio. El patentado de las semillas era exigido por el TLC firmado con EEUU en el 2005.

El pasado 26 de junio, se publicó en el boletín oficial de Guatemala la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales –Decreto 19-2014– con el aval del Congreso Nacional y del Ministerio de Agricultura.

La norma fue aprobada sin debate previo en la sociedad y aprovechando la distracción del Mundial de Fútbol, sostienen las organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y políticas de Guatemala

«La tecnología de los transgénicos está en manos de pocas megaempresas, quienes tienen las patentes de las semillas y a las que obligadamente en el futuro se les tendrá que comprar, por lo que en ciertos cultivos tendremos dependencia hacia un proveedor de semilla mejorada”, advirtió el Ingreniero Agrónomo guatemalteco Samuel Reyes Gómez antes de que se apruebe la norma.