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El 15 de julio Chile ha oficializado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una impugnación de la propia competencia de la CIJ para resolver la demanda marítima presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia en abril de 2013, consolidada con la presentación de una memoria con los argumentos históricos y jurídicos bolivianos para reclamar una sentencia de La Haya que obligue al Estado chileno a negociar una salida con soberanía al Océano Pacífico, salida que le fue arrebatada a finales del siglo XIX en una invasión sin que mediara ni tan siquiera una declaración de guerra previa.

Antecedentes históricos
Cuando Bolivia declara su independencia en 1825 y pasa a llamarse República de Bolívar (es el propio Simón Bolívar quien envía la primera Constitución que tuvo el país), nace con aproximadamente 400 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico.
En 1829 se crea la Provincia boliviana del Litoral, y en 1867 la misma se constituye como Departamento, conformado por dos provincias, La Mar y Atacama, que contaban a su vez con 4 puertos, Antofagasta, Cobija, Tocopilla y Mejillones, además de dos poblaciones interiores, Calama y Antofagasta.
Las mismas constituciones chilenas de 1822, 1823, 1828 y 1833 declaraban que su límite por el norte era el Desierto de Atacama.
En 1879 Chile invade el Departamento del Litoral entrando por el puerto de Antofagasta y quitándole a Bolivia por la fuerza su acceso soberano al mar y un territorio de aproximadamente 120.000 km2 extremadamente rico en recursos naturales, especialmente guano, salitre, bórax, cobre y plata.
En 1904 Bolivia se ve obligada a firmar un Tratado de Paz con Chile en el que a cambio de reconocer la soberanía de Chile sobre el territorio ocupado militarmente, el tratado otorgaba a Bolivia el derecho al libre tránsito comercial por su territorio, compensaciones económicas y la construcción por parte chilena de un ferrocarril entre Arica y La Paz.

Compromisos de Chile para negociar
Han sido innumerables las veces en los últimos 100 años en que Chile ha accedido a negociar una salida con soberanía al mar desde que Bolivia comenzó su demanda ante foros internacionales por primera vez en la Conferencia de París de 1919 y la Liga de las Naciones (germen de las Naciones Unidas) entre 1920 y 1922.
En un primer momento, en 1929, Chile quiso poner un candado a la salida al mar para Bolivia cuando firma el Tratado de Lima con Perú por el que se queda con Arica y cede Tacna al país vecino, pero colocando una cláusula por la que ninguno de los dos países podían ceder a un tercer país la totalidad o parte de los territorios fruto del acuerdo.
Ya en los años 50 el propio Presidente de Estados Unidos Harry Truman se refirió en varias ocasiones a la posición chilena de otorgar una salida al mar con soberanía para Bolivia (en este caso a cambio del uso de las aguas del Lago Titicaca) sobre la base de la posición del nuevo mandatario chileno Gabriel González Videla; y en 1961 y sobre esa misma base, Chile presenta un memorándum ratificando su obligación de negociar un acceso al mar con soberanía para Bolivia.
Otro de los momentos en que Chile y Bolivia estuvieron cerca, restableciendo relaciones diplomáticas y obligándose a «buscar fórmulas de solución a la situación de mediterraneidad boliviana», fue paradójicamente en 1975 durante los gobiernos de los militares de derecha Hugo Banzer y Augusto Pinochet cuando se dieron las famosas negociaciones (y abrazo entre fascistas) de Charaña.
La propia Organización de Estados Americanos (OEA) durante su IX Asamblea General aprobó una resolución calificando la demanda marítima de Bolivia como asunto de interés hemisférico, recomendando a los dos países que iniciaran «negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico». Asimismo en 1980 y 1981, se aprobaron resoluciones (con el voto favorable de Chile) que instaban al diálogo con el fin de dar a Bolivia un acceso al mar con soberanía. Es de destacar también la resolución de la XIII Asamblea de la OEA de 1983 en la que mediante consenso y de nuevo el voto favorable de Chile, se conminaba a los dos países a que iniciaran «un proceso de acercamiento y reforzamiento de la amistad de los pueblos boliviano y chileno, orientado a una normalización de sus relaciones tendente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico sobre las bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las partes involucradas».
En los últimos años se han dado numerosos procesos de acercamiento y negociación entre Chile y Bolivia, destacando las de 1987 en Montevideo entre los respectivos cancilleres; entre 2000 y 2001 se sucedieron una serie de encuentros negociadores en Algarve (Portugal), Brasilia, Panamá y Quebec; en 2003 y durante la XIII Cumbre Iberoamericana en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Carlos Mesa y Ricardo Lagos hablaron de una salida al mar con soberanía; en 2005 Rodríguez Veltze y Ricardo Lagos se reunieron hasta en 4 ocasiones en Nueva York, Salamanca, Mar del Plata y Montevideo tratando temas como el del enclaustramiento boliviano; ya con Michelle Bachelet en el poder, en el 2006 se construyó entre Bolivia y Chile una Agenda Bilateral de Diálogo que constaba de 13 puntos, en el que el punto 6 era el Tema Marítimo. Esa fue la última vez que los dos países se sentaron a dialogar sobre la cuestión del mar con soberanía para Bolivia. Pareciera que con el paso de los años Chile ha ido derechizando sus posiciones, cada vez más conservadoras, y durante los últimos años las declaraciones de las autoridades gubernamentales chilenas han ido en la línea de negar la existencia de asunto pendiente ninguno entre Chile y Bolivia, por lo que la posición boliviana ha virado de intentar negociar con alguien que no quiere negociar, a acudir a instancias internacionales como el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para hallar una solución

Consecuencias del enclaustramiento boliviano
Es difícil medir las consecuencias del cercenamiento territorial sufrido por Bolivia a manos de Chile. La pérdida de soberanía territorial, y por tanto política, es incuantificable, pero sí se puede hacer una aproximación de las consecuencias económicas que la pérdida de su litoral han supuesto para Bolivia.
En primer lugar y respecto de los recursos naturales, el litoral boliviano era extremadamente rico en guano, un fertilizante natural, y salitre, que una vez consumada la anexión del territorio boliviano por parte chilena, convirtió al país imperialista en el primer productor mundial de ese recurso natural, permitiendo el desarrollo chileno. Otro elemento que permitió enriquecerse a Chile es la plata, mediante la mina de Caracoles situada en territorio boliviano, y sobre todo cobre, con algunos de los yacimientos más grandes del mundo, que se han convertido en la mitad de los ingresos por exportaciones chilenas. La Cancillería boliviana calcula en 900 mil millones de dólares los ingresos obtenidos por el cobre extraído de lo que fue territorio boliviano. Asimismo Chile ha comenzado a explotar litio, uno de los recursos naturales del presente y futuro, litio que se encuentra en el antiguo territorio boliviano.
Otros perjuicios que sufre el pueblo boliviano por la codicia de las elites chilenas es que si bien el Tratado de 1904 ofrecía como compensación el libre tránsito por puertos chilenos para las mercancías bolivianas según el sexto punto: «La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico», Chile ha violado este punto en innumerables ocasiones, siendo las más importantes durante la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en que prohibieron la entrada de armas para Bolivia en puertos chilenos; en 1952 embargando miles de toneladas de estaño para la exportación; y en 2004 privatizando los puertos chilenos y tratando de obligar a Bolivia a someterse a los designios de concesionarias privadas.
Otro elemento de incumplimiento del Tratado de 1904 que causa un daño económico a Bolivia es el relativo al ferrocarril Arica-La Paz, que según el Tratado Chile tenía la obligación de construir y mantener, cediendo el manejo de la parte boliviana. Sin embargo, y de manera unilateral, desde 1997 el ferrocarril suspendió el transporte de pasajeros, y desde 2001 el de carga, sin que Chile haya reanudado hasta el momento las operaciones ferroviarias.

Demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
Es por estos antecedentes históricos, por las cuantiosas pérdidas para el Estado boliviano, y amparándose en que tanto Chile como Bolivia han suscrito el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o «Pacto de Bogotá» que determina someter las disputas políticas y territoriales ante la Corte Internacional de Justicia, que el Presidente Evo Morales anuncia en 2011 la intención de acudir a La Haya para solucionar este diferendo histórico de manera definitiva y justa.
El memorándum con la argumentación boliviana fue presentado en abril de 2014, y permanece secreto, con la obligación para los estados de no poder difundirlo. Pero en la demanda boliviana básicamente se argumenta (y demuestra) que Chile se ha comprometido a lo largo de la historia a negociar una salida al mar con soberanía por medio de acuerdos, práctica diplomática y declaraciones de sus máximos dirigentes políticos.
Chile tenía el plazo de prácticamente un año, hasta marzo de 2015, para presentar una memoria respondiendo a las argumentaciones históricas y jurídicas bolivianas, antes de un nuevo plazo para presentar contramemorias y finalmente dar paso a la deliberación de la Corte Internacional de Justicia, sin embargo ha optado, mediante la forma de excepción preliminar, por impugnar la competencia de la propia CIJ de La Haya en una maniobra peligrosa, muy peligrosa para los intereses chilenos.

La hora de reparar una injusticia
La impugnación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de un país que presume de ser una democracia demuestra las fracturas que la demanda boliviana ha causado al interior del Estado chileno. El otro país que en el pasado reciente ha desconocido a la propia Corte es el Estado de Israel. De esta manera, Chile se convierte en una especie de Israel latinoamericano demostrando que 100 años después de las declaraciones de Konig que abren este texto, la victoria en una invasión militar vale más que la justicia y el derecho internacional. 100 años después, nada ha cambiado en Chile, cuyos gobernantes siguen respondiendo a los intereses de sus elites económicas.
Pero Chile enfrenta una Bolivia que por primera vez en toda su historia tiene una política de Estado clara, definida y rotunda, que cuenta con el apoyo de todo un pueblo detrás; además de un gobierno, que encabeza la demanda en La Haya contando con el respaldo de la oposición, y ha incorporado, para reforzar la política de Estado a dos ex presidentes a la causa, Eduardo Rodríguez Veltze como Embajador en los Países Bajos y representante ante la Corte, y Carlos Mesa en la figura de embajador itinerante para explicar al mundo las razones históricas y jurídicas de la demanda.
Dentro de la estrategia boliviana es necesario clarificar que a pesar de que una invasión imperialista y acto de piratería no debería generar ningún tipo de derecho ni legal ni legítimo, con la demanda ante La Haya no se está poniendo en cuestión el paradójicamente llamado «Tratado de Paz y Amistad», sino lo que se pretende es argumentar que son suficientes las veces que Chile ha accedido a negociar una salida al mar con soberanía durante los últimos 100 años, y por lo tanto la CIJ obligue a Chile a hacerlo de manera real y efectiva.
En cualquier caso, la impugnación chilena sólo se puede explicar desde la intencionalidad de dilatar el proceso, aun sabiendo que probablemente la Corte no acepte el recurso y proporcione una primera derrota simbólica; pero dilatando el proceso, quizás la posible sentencia favorable a Bolivia llegue cuando el gobierno de Bachelet haya terminado (ya que en Chile no hay posibilidad de reelección consecutiva). Carlos Mesa, ex Presidente de Bolivia explica de esta manera la impugnación chilena: «Primero, como una actitud que prueba la absoluta falta de voluntad política de Chile de encarar una solución definitiva al problema pendiente entre ambos países. Segundo, como un intento no sólo de descalificar la competencia de la Corte, sino –sobre todo– de confundir a la opinión internacional en torno a la verdadera esencia jurídica de nuestra demanda.»
De ex presidente a ex presidente, cerramos este texto con las palabras del último presidente socialista que tuvo Chile, Salvador Allende, que entendía como buen socialista que el pueblo boliviano tenía un derecho histórico sobre un territorio arrebatado de manera injusta y cruel, y como buen internacionalista sabía que la salida al mar era parte del proyecto de integración latinoamericana, de construcción de la Patria Grande: «Ha llegado la hora de la gran reparación de una injus-ticia, Chile tiene una centenaria deuda y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico. No le pedimos nada al sufrido pueblo trabajador boliviano, queremos solamente reparar el despojo cruel del que ha sido víctima. Los escritores y todos los hombres y mujeres de buena voluntad deben venir a Chile y explicar sus anhelos, discutir, crear las condiciones objetivas y subjetivas en el pueblo chileno para poder lle-gar al feliz entendimiento.» (1)

(1) Entrevista a Salvador Allende realizada en noviembre de 1970 por el escritor boliviano Néstor Taboada Terán
Katu Arkonada