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El senador del Polo Democrático Alternativo Alberto Castilla habla sobre los desafíos de las organizaciones sociales rurales, cuestiona el modelo económico del agronegocio y opina sobre los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

En el seno de la elite política colombiana, el senador Alberto Castilla se alza con una voz distinta, proveniente del interior profundo del país. Sobre la base de una larga trayectoria como dirigente comunitario, que lo llevó a ser uno de los líderes del paro agrario de 2013, Castilla se convirtió en el primer legislador de origen campesino, pese a que, como asegura, «en Colombia la política se hace con dinero y con apellido de familias tradicionales». En diálogo con Nodal, este congresista que enfrentó en la región del Catatumbo, Norte de Santander, la violencia paramilitar y los desplazamientos forzados, apunta contra el modelo de desarrollo de su país y explica por qué la paz en Colombia va más allá de la firma de los acuerdos por una salida política del conflicto armado. Asimismo, como representante colombiano en la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)-Vía Campesina, Castilla detalla los principales puntos de la agenda de las organizaciones sociales de la región, entre los que se destaca la demanda de una reforma agraria, el reconocimiento del campesino como sujeto político y el respeto por la naturaleza.
Recientemente participó en Buenos Aires del VI Congreso de la CLOC, la organización campesina más importante del hemisferio. ¿Cómo describe las problemáticas comunes de las poblaciones rurales en la región?
Las similitudes se vinculan al modelo de producción extractivista que atraviesa todo el continente y que acarrea el problema del acceso a la tierra, el desarrollo de la megaminería, la implementación de cultivos a gran escala, la extranjerización de los territorios, la privatización de los bienes de la naturaleza como el agua y el rol de las empresas transnacionales en todo este proceso. Otro de los rasgos comunes puede ser la utilización de la violencia para acceder a las tierras e instalar los megaproyectos, como las hidroeléctricas. Por estos motivos comunes, desde hace dos décadas, en la CLOC – Vía Campesina venimos articulando luchas, debates y propuestas de las organizaciones del campo de más de veinte países de América Latina y el Caribe.
Frente a ese modelo productivo, ¿qué alternativa plantean las organizaciones campesinas?
Demandamos la redistribución de la tierra, mediante una reforma agraria, para alcanzar la soberanía alimentaria de los pueblos. Pero además planteamos una relación con la naturaleza que no conduzca hacia su destrucción, como ocurre en la actualidad. Queremos que la producción de alimentos esté basada en los conocimientos tradicionales de respeto por el entorno natural, en los avances de la agricultura limpia.

En este contexto, ¿cuáles son las características singulares de Colombia?
Se caracteriza por una alta concentración de la propiedad de la tierra. El coeficiente GINI que mide la distribución de la tierra es de 0,88, lo que expresa una máxima concentración. Otro de los temas clave es la minería. El 76 por ciento del territorio colombiano está concesionado a las multinacionales para el desarrollo de esta actividad. Asimismo, agregaría que otra de las luchas principales del movimiento agrario en Colombia es el reclamo por el reconocimiento del campesino como un sujeto político de derecho.

¿Cómo explica esa demanda?
Se trata del reconocimiento de la cultura del campesinado, los derechos sobre sus territorios. Ni en la Constitución política de Colombia, ni en ninguna legislación, se concibe la existencia del campesino; solamente se nos caracteriza como trabajadores agrarios. Así, el eje de nuestra lucha se articula sobre la base del acceso a la tierra, el reconocimiento al campesino y el respeto por la naturaleza. Sin embargo, esta apuesta confronta con el modelo económico colombiano. El Plan Nacional de Desarrollo está basado fundamentalmente en el agronegocio y la explotación minero energética. Una visión donde la tierra es un activo empresarial.

En este escenario, ¿cómo describe el papel que juegan los Tratados de Libre Comercio?
Desde los años 90, en Colombia se desarrolla un modelo de apertura económica que se va materializando con TLC, uno de cuyos efectos es la destrucción de la producción local de alimentos, que garantizaría la soberanía alimentaria. Cada año, importamos 10 millones de toneladas de alimentos básicos que se podrían producir localmente. El modelo predominante de agricultura a gran escala, sobre la base del acaparamiento de tierras, se dedica a producir una serie de productos de manera industrial en función de lo que se demanda en el exterior y en detrimento de lo que se necesita para la canasta básica local. Entonces, más que nunca, en este contexto de esperanza y de construcción de la paz que se vive en Colombia, desde las organizaciones planteamos nuestras demandas, que implican priorizar la vida y no destruir la naturaleza.

¿Qué balance hace sobre estos tres años de diálogos de paz?
Nosotros apoyamos este proceso de diálogo, esperamos su continuidad y que finalmente se resuelva por la vía política una guerra que lleva más de medio siglo. Hemos planteado la necesidad de que las demás insurgencias en Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación puedan también entrar en un proceso de negociación. Sin embargo, es indispensable recordar que el conflicto armado se originó por la dificultad de parte del campesinado de acceder a la tierra. La base de la guerra radica, entonces, en el acaparamiento de los territorios por parte del Partidos Liberal y el Partido Conservador a comienzos del siglo XX.

Sin embargo, en los diálogos se han cerrado acuerdos parciales, entre ellos por el tema de la tierra.
Sí, se llegó a constituir un fondo de tierras con los terrenos que ahora están en manos de narcotraficantes. Pero no se sabe ni qué cantidad de hectáreas están contempladas ni hay presiones sobre cómo se va a resolver esta problemática del pueblo colombiano y del campesinado en especial, sobre todo porque la acción política del gobierno está encaminada a que las tierras de la nación sean entregadas a los empresarios en vez de al campesinado. Entonces, nosotros trabajamos para que se termine el conflicto armado, pero también para que haya condiciones para la construcción real de una paz verdadera y eso va más allá de la firma de un documento entre las guerrillas y el Gobierno.

¿Que implicaría la construcción de una paz verdadera?
La paz significa reforma agraria, modelo de educación incluyente, gratuito y universal, un modelo de salud distinto, condiciones para la generación justa de ingresos y acceso a los medios de producción. Por ello, desde el movimiento social y popular que incluye al campesinado, a los indígenas, a los afrodes-cendientes, entre otros, estamos trabajando por una paz que signifique la plena vigencia de derechos. Hemos articulado en un espacio muy importante, la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, donde establecimos una mesa de negociación con el gobierno nacional. Nosotros planteamos complementar la agenda de la insurgencia y el gobierno con las agendas de los movimientos. Esta es la posibilidad real de avanzar en la construcción de la paz.

¿Y qué lugar concreto obtienen las demandas de los movimientos en los diálogos?
Nuestras demandas fueron teniendo lugar en las discusiones que se desarrollaron tanto en Cuba como en la mesa de negociación agraria local, aunque con muchas dificultades. Por ejemplo, si bien las FARC plantearon el tema de la soberanía alimentaria, el gobierno prefiere referirse al término de la seguridad alimentaria. Se generó una discusión entre las dos concepciones y para salir del atasco el tema se congeló y se abordará en otra oportunidad. La diferencia radica en que la seguridad alimentaria implica impulsar el agronegocio, la importación, se vincula al abastecimiento sin tener en cuenta de dónde proviene o cómo se produce el alimento. Nosotros en cambio sí hacemos énfasis en las formas de producir, en nuestras semillas.

¿Qué rol han jugado los desplazamientos forzados?
Cumplieron un papel crucial porque en los territorios donde se produjeron desplazamientos y despojos hoy se está desarrollando algún gran megaproyecto o se va a construir una hidroeléctrica. Entonces hay una relación entre la descampesinización del campo y el modelo de desarrollo fundamentalmente extractivista. Millones de hectáreas en Colombia han sido acaparadas por la vía de la violencia.

¿Cómo puede impactar la finalización del conflicto armado en Colombia a nivel regional?
Creo que la firma de la paz en Colombia le puede dar un clima de tranquilidad al conjunto de la región, puede permitir la construcción de relaciones distintas al interior del bloque y servir de plataforma para afrontar retos como el que vive Venezuela y la confrontación planteada por Estados Unidos. América Latina está atravesando procesos interesantes, aunque si bien hay gobiernos alternativos, progresistas, el modelo extractivita no se ha logrado erradicar. Es parte del debate y de las contradicciones que se siguen manteniendo. Por ello, hay que seguir por este camino esperanzador, de participación del movimiento social, teniendo en cuenta las agendas de las organizaciones comunitarias, que representen intereses por la vida, por la preservación y conservación de los bienes de la naturaleza y que ponen en cuestión el desbocado interés que hoy existe por destruir y por apropiarse de la riqueza, sin importar el daño que se pueda hacer. Creemos firmemente que este camino de esperanza para la región está íntimamente ligado con la posibilidad de que se alcance una paz verdadera en Colombia.